La falta de licencia ambiental para deconstruir la antigua estructura impide desarrollo económico crucial en la región.
Desde que el nuevo Puente Pumarejo entró en operación en diciembre de 2019, la zona portuaria del Oriente en el Atlántico y norte del Magdalena ha enfrentado obstáculos significativos. El antiguo puente, inaugurado en 1974, sigue siendo un impedimento para una docena de proyectos estratégicos en municipios ribereños, debido a su altura limitada de 16 metros frente a los 45 metros del nuevo puente.
Empresas como el Parque Industrial de Malambo se ven afectadas por costos logísticos adicionales para transportar sus productos hacia el mar y los mercados internacionales. Alonso Benítez, gerente general del parque, lamenta las restricciones que impiden el desarrollo pleno de terminales portuarias y siderúrgicas a lo largo del río.
«Siempre nos ha tocado vivir con esa limitación por el tema de la altura y el paso de los buques de mayor tamaño hacia la zona donde estamos ubicados en el municipio de Malambo», señaló Benítez.
Los gobiernos anteriores no lograron asignar recursos suficientes para la demolición del antiguo puente, y la administración actual enfrenta desafíos similares. Aunque el INVIAS ha asegurado fondos significativos, los costos estimados para la deconstrucción podrían duplicarse.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) recientemente ha exigido una licencia ambiental adicional, lo que podría retrasar aún más el inicio de las obras proyectado para 2026. Esta nueva exigencia ha generado críticas entre los empresarios locales, quienes esperaban una homologación automática con la licencia de construcción del nuevo puente.
Clemente Fajardo, dirigente portuario, expresó su sorpresa ante este requisito no anticipado, temiendo que obstaculice la deconstrucción parcial del puente.
El costo actual estimado para la deconstrucción ha aumentado considerablemente a lo largo de los años, reflejando las crecientes dificultades financieras y regulatorias del proyecto. Las industrias ubicadas en la ribera del río, responsables del 40% de los empleos del Atlántico, podrían ver frenados proyectos clave como una siderúrgica que promete generar numerosas vacantes.
