Quizás no se haya advertido la importancia que las encuestas de opinión señalen el desempleo como uno de los grandes problemas colombianos –luego de conocida la última encuesta del Dane– de creérsele en ciertos círculos un asunto fácil de resolver, ha pasado de convertirse en el gran “dolor de cabeza” nacional, a servir de difusor de la pobreza y a exigir la atención prioritaria del Estado.
Solo cuando a las grandes ciudades –como es el caso de Barranquilla–llegaron miles de desplazados e indigentes y en cada esquina aparecieron, se comenzó a entender y valorar la magnitud del fenómeno del desempleo; ellos no son en su totalidad holgazanes ni viciosos, no todos son delincuentes en potencia, la mayoría son personas a quienes se les conculcó el derecho al trabajo pero se les privó de los medios esenciales para su subsistencia y la de sus familias; emigraron a los grandes centros urbanos y al poco tiempo se les cerró el horizonte y se dedicaron al trabajo informal.
Las cifras sobre desempleo en Colombia conocidas recientemente, produjeron cierta incredulidad y originaron más de una controversia, dando lugar a incertidumbres y confusiones.
Ahora se trata de saber si los análisis del Dane son confiables, si el dogma que afirma que el crecimiento económico siempre genera empleo y desarrollo social y si es necesario revisar el modelo económico como requisito esencial para lograr reducir la inequidad en la sociedad colombiana.
La contradicción que presenta la economía nacional es inocultable, las estadísticas indican que el Producto Interno Bruto aumentó, una cifra destacada, generada por la recuperación de la confianza en el país y por el buen comportamiento de sectores como la construcción, la explotación minera, el comercio y las exportaciones.
Además de algún éxito que han tenido los esfuerzos por combatir la violencia de todo orden, así como los logros obtenidos en algunos rubros de la inversión social.
Esa es la parte positiva del asunto; frente a ella, están las cifras que hablan de la reducción de más de 200.000 empleos durante los últimos tres años, del crecimiento de la informalidad y de la continuidad en la crisis que afecta el trabajo en el campo colombiano, lo que lo convierte en permanente traslado de mano de obra no calificada hacia las ciudades, como el caso de Barranquilla.
Luego está el principio defendido por muchos economistas, según el cual el crecimiento del PIB significa más empleo; frente a este hay gremios que afirman que ese crecimiento se ha producido al conseguir mayores eficiencias en el sector productivo que no necesariamente genera más puestos de trabajo.
Otros conceptúan que el aumento de la actividad económica significa más ingresos para el Estado, lo que se está reflejando en el incremento del gasto social de que nos han venido hablando el presidente Petro y los anteriores gobernantes.
Allí están planteados los elementos básicos de la discusión que hoy ocupa a los colombianos, discusión que tiene que ser superada, a partir de reconocer que algo no funciona como debería, por lo que se corre el peligro de aumentar las desigualdades, de generar mayores acumulaciones de riquezas en algunos sectores, mientras la gran mayoría de colombianos depende cada vez más de programas gubernamentales, porque parecen cerrarse las oportunidades que garantizan una sociedad más sana y más equilibrada.
