Contraloría detecta irregularidades por más de $9000 millones en RTVC y gastos del gobierno

La Contraloría General de la República ha puesto bajo la lupa los recursos del Sistema de Medios Públicos (RTVC), tras realizar una auditoría financiera que identificó serias irregularidades. Según el informe, la cartera de RTVC asciende a $10,758,066,687, con una antigüedad mayor a 361 días, lo que la coloca en alto riesgo de incobrabilidad. Debido a esto, la Contraloría emitió una Opinión Presupuestal «No Razonable», señalando que la ejecución presupuestal de RTVC no cumplió con las normas aplicables, calificándola de ineficiente e irrazonable.

Entre los hallazgos más relevantes, la Contraloría estableció un hallazgo fiscal por $9,371 millones y otro administrativo relacionado con un presupuesto no comprometido. Se encontró que RTVC tenía una apropiación disponible no ejecutada por más de $12,000 millones al 31 de diciembre de 2023.

Otro aspecto que generó preocupación fue el uso de recursos por parte del gobierno para la visibilización de sus programas y eventos a través de RTVC. En este contexto, se detectaron deficiencias por $5900 millones en un contrato interadministrativo suscrito con la Agencia Nacional de Tierras, destinado a la planificación, organización, operación y producción de eventos y actividades logísticas. Además, hubo fallas en la planeación para la solicitud de recursos al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC) en 2023.

La Contraloría también llamó la atención sobre los recursos utilizados por RTVC al cierre del año fiscal 2023. La entidad registró una cartera de $10,758,066,687, una cifra que ha sido catalogada como de difícil recaudo debido a su antigüedad de más de 361 días, representando el 34.93% del total de la cartera, que asciende a $30,799,308,856.

Además, se encontraron inconsistencias en la ejecución del contrato interadministrativo de 2023 entre el Ministerio de Salud y RTVC, lo que añade otra capa de complejidad a la gestión de los recursos públicos.

Estos hallazgos ponen en evidencia la necesidad de una mayor vigilancia y transparencia en la administración de los recursos del Sistema de Medios Públicos y de los contratos interadministrativos suscritos por el gobierno, para evitar futuras irregularidades y garantizar una gestión eficiente y responsable.