Un tema que en estos días de regreso a clases –especialmente de estudiantes de las escuelas y colegios públicos– sigue ocupando las principales páginas de los medios de comunicación y que en LA LIBERTAD hemos tratado con mucha insistencia, se trata de la alimentación adecuada en la población infantil asentada en los sectores marginados de las grandes ciudades como Barranquilla, por lo que resulta inminente que se revise el cumplimiento de las funciones por parte de quienes están manejando el Plan de Alimentación Escolar, conocido como PAE.
Cuando nos referimos a los niños, de la necesidad de cuidarlos, de amarlos, de rodearlos de protección y de cariño, y de endurecer las penas para aquellos que vulneren sus derechos, nos anima el deseo que se trabaje mucho más, para cumplir el sueño que todos los niños, niñas y adolescentes vivan en sus hogares, tengan educación, buena alimentación, afecto, recreación y que comiencen a formarse como los mejores colombianos del mañana. Son pocos los países que como Colombia cuentan con una legislación tan extensa dirigida a la protección de la niñez pero a la vez con tantas instituciones establecidas para la atención de los menores de edad.
Por eso mismo es que resulta una verdadera paradoja que sea el nuestro uno de los países más descuidado con los niños, consideramos de gran urgencia que se insista en la necesidad de darle cumplimiento a las políticas públicas que al respecto fueron trazadas a través de las disposiciones legales.
Todos los crímenes son abominables, pero en la escala de funcionarios públicos que son capaces de dejar con hambre a los niños que nada tienen, de quitarle las raciones o reducírselas a sabiendas que en sus casas no se las pueden garantizar, son individuos que se merecen las más severas sanciones.
Desde años atrás, los colombianos se encuentran preocupados por las noticias respecto a denuncias por irregularidades en la contratación del suministro de la ración alimentaria las cuales –como primera medida– resultan muy alejadas del menú balanceado que exige el Programa de Alimentación Escolar – PAE el que de acuerdo con un reciente informe de la Defensoría del Pueblo, dejó a las claras –en muchos casos– el estado de contaminación de los alimentos que se suministran a los niños. Para muchos de estos menores estudiantes, esa ración alimenticia que se les suministra en dichos comedores escolares, se constituye en la única forma de tener siquiera una comida diaria, por lo que consideramos que muy lejos de pensar en el bienestar de los menores, algunos contratistas inescrupulosos lo que se están es aprovechando de esta política para enriquecerse ilícitamente a costa de la supervivencia de los niños.
Si bien es cierto que estos hechos siguen conmocionando a los colombianos, desde el pasado semestre nuestra Unidad Investigativa viene indagando respecto a las irregularidades que se estarían presentando en algunos de los contratos firmados para tal fin en el semestre que se inicia. La situación que se vive en estos momentos con relación a este tópico a nivel nacional llama poderosamente la atención, ante el posible desvío de los recursos que aportan los contribuyentes, consistente en la comprobada mala calidad de los alimentos escolares.
