La Procuraduría General de la Nación determinó iniciar investigación en contra de la exministra de Educación Aurora Vergara y a los actuales ministros de Hacienda y de Trabajo, Ricardo Bonilla y Gloria Ramírez, respectivamente.
Según trascendió, la determinación se da por las presuntas fallas que se han presentado en el nuevo modelo de salud que comenzó a regir desde el primero de mayo para todos los docentes del país.
En el documento revelado por Caracol Radio, se lee: “presuntamente, hubo improvisación y fallas en la estructuración, adopción e implementación del nuevo modelo de salud, que dio lugar a la falta de continuidad, calidad y oportunidad en la prestación del servicio, al haberse realizado sin tener en cuenta las capacidades jurídicas y técnicas de la Fiduprevisora para prestar servicios de salud y que estarían referidos a la contratación tardía de las IPS”, señala el documento
Así mismo, en el escrito se advierte que no se garantizaron los derechos fundamentales de los afiliados a la dignidad humana, vida y salud, al iniciar un proceso de contratación sin las previsiones propias que debe tener cualquier contratante, “además hubo falta de previsión en las actuaciones precontractuales y contractuales por parte de la Fiduprevisora para contratar con IPS de manera virtual sin verificar los requisitos mínimos de cumplimiento”.
Por otro lado, evidenció la delegada que integrantes del máximo órgano del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, aprobaron la elección de los funcionarios de dirección para las regiones, sin realizar el estudio de la correspondiente hoja de vida.
Cabe mencionar, que fue el Consejo Directivo y del Fomag, soportado en la Ley 91 de 1989, el que estipuló la operación del modelo el cual está cargo de Fiduprevisora S.A., entidad que lidera la organización y operación de la Red Nacional de Salud Fomag.
Al respecto, en su momento la exministra de Educación Vergara Figueroa, indicó: “el compromiso del Gobierno Nacional es velar por el bienestar de los y las docentes y sus familias. Esto implica robustecer la institucionalidad pública para garantizar la protección de sus derechos, en este caso el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, con calidad, de manera integral, incluyendo la seguridad y salud en el trabajo», señaló.
Según lo explicó el Gobierno Nacional, entre los principales cambios que incorpora el modelo está la eliminación de la intermediación, garantizar una mayor cobertura y flexibilidad en la prestación del servicio e integrar el sistema de salud y seguridad en el trabajo.
