
Por: Comité de Impulso de la Coordinadora Campesina del Caribe
Hoy el cambio se siente en la ruralidad de Colombia. La entrega de tierras, las grandes asambleas, el encuentro entre campesinos(as), las mingas de los pueblos étnicos y la esperanza abriéndose camino en el país, son frutos de décadas de lucha de millones de mujeres y hombres reclamando dignidad para habitar en cada rincón del país.
Y como el gran sueño que comienza a materializarse, el campesinado está llamado hoy a cuidar la reforma agraria, ya que al ser una de las principales banderas del Gobierno del cambio y la que mayores logros produce, se convierte en blanco de ataque de los sectores que tradicionalmente han ostentado el poder en el país y hasta de las altas cortes, que se resisten a tener una mirada distinta que propicie las transformaciones urgentes que demanda saldar las deudas históricas con el campo colombiano.
Sorprende entonces que la Corte Constitucional quiera tumbar el articulo 61 del Plan Nacional del Desarrollo que habilita los mecanismos para la compra y venta de tierras para los campesinos, así como las posiciones de la Procuraduría General de la Nación exigiendo lineamientos técnicos que harían inviable la dotación gratuita de predios a los campesinos. Y en igual sentido, el fallo del Consejo de Estado que le arrebató a nuestras juntas de acción comunal la posibilidad de ser ejecutoras de la infraestructura vial o las denominadas vías para la paz.

Se ciernen también presiones con el objeto de recortar el presupuesto para concretar la reforma agraria y hasta llueven señalamientos infundados sobre los funcionarios que la ejecutan. Todo esto permite concluir que existe un plan diseñado para debilitarla y de esto modo impedir que la tierra sea para quien la trabaja.
De cara a este panorama, el campesinado seguirá haciéndole sentir a la sociedad colombiana que la propuesta del Gobierno del presidente Petro y la vicepresidenta Márquez no implica sino ganancias para la Nación. Primero, porque los propietarios venden sus fincas y las mismas son entregadas a campesinos que por años han solicitado tener un terreno para cultivar; en segundo lugar, porque las mujeres, los hombres, los jóvenes y toda la diversidad rural se hace propietaria y con ello, ayuda a garantizar la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra, así como permite que se aporte en la seguridad alimentaria nacional y, por último, porque este Plan Nacional de Desarrollo ha mostrado una voluntad indeclinable para facilitar el avance de las Zonas de Reserva Campesina y los Territorios Campesinos Agroalimentarios.
Por todo lo anterior, hoy nuestra movilización no es de exigencia, sino de respaldo al primer Gobierno popular de la historia de Colombia, al que le decimos que nos concentraremos en todas las ciudades de la costa Caribe (y otras más del país) el próximo 20 de julio, así como desarrollaremos encuentros, convites y otros actos simbólicos para defender tres elementos concretos: la entrega de 115 mil hectáreas de tierra fértil (desde el 7 de agosto de 2022 hasta la fecha); el respaldo a las iniciativas que se presentarán al Congreso para acelerar la reforma agraria y el llamado a las altas cortes, a la Procuraduría y al Congreso para que no recorten el presupuesto destinado al campo colombiano.
¡La reforma agraria es imparable!