La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Superintendencia Financiera de Colombia SFC detalles sobre el seguimiento hecho por este organismo a Colpensiones y demás actores del sistema, a propósito de la implementación del nuevo modelo pensional en el país.
El Ministerio Público solicitó a la Superintendencia Financiera de Colombia SFC información sobre la acciones implementadas y el cronograma de actividades a cargo de esta Superintendencia para evitar riesgos en la operatividad de la administradora de pensiones en todo el territorio nacional.
Según lo explicó la Procuraduría, de no adelantarse las funciones inmediatas de inspección, vigilancia y control se pondrá en riesgo la viabilidad del sistema, los recursos, así como los derechos de los afiliados y pensionados.
En el escrito el órgano de control indicó que “Colpensiones tardó más de 10 años en regularizar la situación pensional de los antiguos afiliados del Seguro Social y hoy presenta muchas fallas tecnológicas, así como, vencimientos en los términos legales para las decisiones de prestaciones económicas de aproximadamente 6 millones de afiliados”, se puso de presente.
Según la PGN, tomando en cuenta además que, a esa cifra se suma el traslado de 19 millones de afiliados que implica la ley, el Ministerio Público solicitó a la Superintendencia Financiera adoptar todas las medidas, desde sus competencias, para que esta entidad pueda asumir la administración en materia pensional.
De acuerdo con la Procuraduría, Colpensiones no está preparada para las nuevas obligaciones contenidas en el proyecto aprobado; “no tiene la capacidad técnica, logística, administrativa, ni operativa, entre otros requisitos, para asumir nuevas funciones a partir del 1 de julio de 2025”, se puntualizó.
