El incremento histórico en el cultivo de coca y la fabricación de cocaína plantean nuevos desafíos para el país.
Según un extenso reportaje publicado por The New York Times, Colombia enfrenta una situación crítica debido al incremento sin precedentes en la producción de cocaína. «Vas a los campos de coca y es como estar en un campo de maíz en Iowa: no puedes ver el final», describe un funcionario estadounidense con experiencia en la interdicción de drogas en el país.
El artículo destaca que la producción anual de hoja de coca y cocaína ha alcanzado niveles históricos en 2022, superando incluso las cifras alcanzadas en la época de Pablo Escobar. Según datos de Naciones Unidas, el aumento en la fabricación de la droga ha sido del 24 % respecto al año anterior.
Este boom en los cultivos ha generado un aumento significativo en los ingresos por exportación de cocaína, que según Bloomberg Economics alcanzaron los 18.200 millones de dólares en 2022, superando los ingresos del petróleo como principal producto de exportación del país.
El reportaje también aborda la estrategia del presidente Gustavo Petro, quien ha enfocado sus esfuerzos en desmantelar las redes de narcotráfico, pero ha dejado de lado la erradicación forzosa de la hoja de coca, medida que según críticos, ha contribuido al aumento de la producción de cocaína.
El exembajador Kevin Whitaker, ahora miembro del Atlantic Council, critica esta postura: «Dado el desinterés de Petro en la erradicación forzosa, en la práctica no hay barreras de entrada al campo de coca».
Por su parte, Gloria Miranda, directora del programa de sustitución de coca, defiende la gestión del gobierno, destacando el aumento en las incautaciones de drogas durante la administración de Petro. Sin embargo, los críticos sostienen que este incremento en las incautaciones refleja un aumento generalizado en la producción de cocaína.
El reportaje también menciona cómo nuevos fertilizantes han facilitado el cultivo de coca, mientras que grupos armados colombianos, tradicionalmente ligados al narcotráfico, están diversificando sus fuentes de ingresos hacia actividades ilegales como la minería de oro y el tráfico de migrantes.
La situación ha exacerbado la precaria situación en las regiones productoras de coca, donde la falta de presencia estatal ha llevado a un deterioro social evidente. Muchas comunidades, como la de Caño Cabra, carecen de servicios básicos y están controladas por grupos armados ilegales.
Según el NYT, al menos el 55 % de las regiones productoras de coca en Colombia han experimentado una disminución drástica en las ventas de la hoja.
El artículo presenta casos concretos de comunidades afectadas, como la historia de la señora Hernández, quien lucha por mejorar las condiciones de vida de sus hijos, alejándolos del trabajo en los campos de coca.
La difícil situación económica está obligando a muchas familias a abandonar estas regiones, en busca de mejores oportunidades en áreas urbanas. La transformación de la industria de la cocaína plantea el desafío de encontrar alternativas económicas sostenibles para los agricultores de coca.
