Siguen lo cuestionamientos
La propuesta del actual gobierno en el sentido de adelantar una Asamblea Nacional Constituyente continúa generando reacciones en distintos sectores del país.
Uno de los más recientes pronunciamientos lo realizó la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera Colfecar, la cual encontró inoportuna la propuesta.
A través de un comunicado Colfecar, precisó:”proponer una Asamblea Constituyente en este momento, implicaría un aumento de los costos económicos para el Estado colombiano, en una instancia en la que se requiere priorizar la inversión en áreas como seguridad y reactivación económica”.
Según lo explicaron, muchos de los cambios que requiere el Gobierno Nacional, no necesitan ser realizados a través de una Asamblea Nacional Constituyente, “sino desde los mecanismos idóneos que contiene la misma Constitución para el desarrollo de éstos, respetando cada una de las instituciones del poder público en Colombia”, explicaron.
Por otra parte, señalaron que es imperativo resaltar que la Constituyente “tendría más consecuencias negativas que positivas para nuestra democracia y para la estabilidad jurídica de este país, insistir en esta convocatoria, generaría un ambiente de desconfianza frente a todas las instituciones que ejercen la democracia y protegen el Estado Social de Derecho de la nación”.
Señalaron también, que si bien la Constitución Política de Colombia desde 1991 ha tenido varios logros importantes en la protección de nuestros derechos fundamentales, así como también la puesta en marcha en el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas, se consolidó el Derecho a la Tutela y a la protección a nuestras libertades dentro de un Estado Social de Derecho, “lo cual enmarca la importancia que tiene nuestra Constitución dentro de una democracia participativa”.
Sumado a ello, indicaron que la Constitución está concebida bajo un interés social, la cual se adapta a las realidades propias de Colombia, que permite reformas determinantes, con un componente garantista, y que integra principios enmarcados dentro de un orden democrático, económico y social del país.
Cabe recodar, que antes de ello, un grupo de 200 personalidades firmaron una carta en la que rechazaron la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente.
Según los firmantes, es fundamental respetar y defender la Constitución Política como la norma suprema del Estado colombiano, garantizando la protección de los derechos fundamentales y el funcionamiento de las instituciones democráticas.
“Los beneficios generados por la Constitución de 1991 han sido múltiples, desencadenando importantes y poderosas conquistas en materia de derechos civiles, políticos, ecológicos y sociales. Colombia no requiere de una nueva Constitución”, anotaron.
Precisaron también, que hay mecanismos institucionales y democráticos para abordar reformas constitucionales, como el Congreso de la República y los mecanismos de participación ciudadana, que deben ser fortalecidos y respetados en aras de la defensa de la Constitución Política.
Así mismo, señalaron que la
convocatoria a una Constituyente “generaría inestabilidad política e institucional en el país, afectando la gobernabilidad y la confianza de los ciudadanos en las instituciones”, expresaron.
“Una Constituyente podría abrir la puerta a cambios radicales en la estructura del Estado y en los derechos fundamentales, poniendo en riesgo la estabilidad democrática, el modelo económico y el Estado de Derecho en Colombia”, consideraron.
Por otra parte, indicaron que generaría una enorme ola de incertidumbre e inestabilidad jurídica y económica, “lo cual se traduciría en menor inversión, desempleo y la ralentalización del crecimiento, destruyendo al sector productivo y a nuestro tejido social”, indicaron.
