Gobierno impulsa reforma integral a servicios públicos para asegurar justicia tarifaria y universalización.
El proyecto legislativo busca equilibrar costos y calidad en acueducto y energía eléctrica, priorizando usuarios y regulación comunitaria.
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha presentado un ambicioso proyecto de ley de servicios públicos centrado en la ‘justicia tarifaria’ y la universalización de acceso. Este plan, respaldado por varias carteras como Minas y Energía, Vivienda, Ambiente y TICs, busca fortalecer el acceso equitativo a servicios esenciales. Según datos del DNP, más de 12,8 millones de personas carecen de acceso adecuado al acueducto, mientras que cerca de 3,2 millones no disponen de agua potable.
En cuanto a la energía eléctrica, aunque la cobertura ha alcanzado el 94,9%, aproximadamente 818.000 viviendas aún carecen de este servicio, afectando a cuatro millones de personas. «La calidad del servicio de energía es notablemente superior en Bogotá que en Caquetá», señaló el DNP, destacando disparidades regionales significativas.
Alexander López, director del DNP, subrayó la urgencia de reformar el marco tarifario actual, que considera injusto para los usuarios. «No podemos permitir que las pérdidas del sector se trasladen indiscriminadamente a los consumidores, acumulando pérdidas por $2,7 billones», afirmó López.
El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, enfatizó la necesidad de una reforma integral que responda a la crisis tarifaria y asegure que los servicios públicos sean un derecho accesible para todos los colombianos. «Es crucial abordar los desafíos actuales mediante un enfoque inclusivo que incorpore diversas perspectivas», afirmó.
Sin embargo, la propuesta no está exenta de críticas. Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, expresó preocupación por la centralización regulatoria propuesta por el Gobierno. «Delegar la regulación directamente a la Presidencia podría comprometer la independencia del proceso regulador», advirtió Acosta.
En cuanto a la sostenibilidad energética, Acosta destacó avances recientes pero llamó a mejorar la eficacia de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). «La inoperancia del órgano regulador no debe ser excusa para no mejorar las condiciones del servicio», concluyó.
Julio César Vera, presidente de Xua Energy, advirtió sobre posibles impactos negativos en la inversión y la competencia si la reforma no garantiza un proceso participativo y transparente. «Es fundamental asegurar condiciones equitativas entre empresas públicas y privadas para fomentar la competencia y la calidad del servicio», señaló Vera.
En resumen, la reforma propuesta por el Gobierno busca transformar el panorama de los servicios públicos en Colombia, asegurando tarifas justas y acceso universal. El debate continuará sobre el alcance y la efectividad de estas medidas, con miras a asegurar un equilibrio entre regulación eficaz y servicio de calidad para todos los colombianos.
