Anuncio de Fast Track divide opiniones en esfera política

Todo tipo de reacciones en el mundo político ha generado el anuncio del presidente de la República Gustavo Petro, quien aseguró que su administración presentará al Congreso una propuesta de Fast Track para acelerar la discusión de iniciativas que permitan el correcto cumplimiento del Acuerdo de Paz.

Desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Petro Urrego explicó que un procedimiento de fast track permitiría reducir los plazos del tiempo para cumplir con efectividad el Acuerdo de Paz firmado.

“Lo vamos a presentar a la sociedad colombiana y al Congreso, pero quisiéramos dejarlo aquí, refrendado ante ustedes”, agregó el jefe de Estado.

La primera autoridad nacional, además se refirió a la necesidad de lograr un Acuerdo Nacional, que incluya a la oposición para realizar las grandes reformas que necesita el territorio nacional.

Dentro de los puntos del plan de choque anunciado, se encuentra la modificación de las normas de las vigencias futuras y el plan fiscal de mediano plazo, que permita financiar la inclusión territorial al desarrollo, priorizando la inversión en los territorios.

Una de las primeras reacciones se dio por parte del exministro del Interior Daniel Palacios, quien indicó: “el desespero del gobierno por saltarse las normas y cambiar las reglas de juego son evidentes. No suficiente con proponer constituyente para tumbar la Constitución ahora pretende traer nuevamente figura de fast track para ferrocarrilear trámites en el Congreso. Mismos actores, mismo libreto, mismo resultado, estamos advertidos. ! A defender la Constitución!”, anotó.

En la anterior postura coincidió el representante a la Cámara por Antioquia Hernán Cadavid, quien precisó: “estamos advertidos pero no vencidos: desde el instante que asumió Cristo alertamos que fue el responsable de la trampa llamada ‘fast track’ y vendría con intenciones parecidas. Hoy aparece Petro con esa ‘novedad’ que en esencia es partir la columna a la Constitución”, expresó.

Por su parte, la senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia, expresó: “las pretensiones del gobierno de silenciar el Congreso siguen mostrándose: lo que no les aprueban lo quieren sacar por decreto, al que no vota lo compran y ahora con el fast track pretenden que no haya debate y que la oposición se silencie. Nada de eso prosperará la democracia sabrá poner límites a los poderes presidenciales”.

El expresidente de la República Iván Duque Márquez, fue otro de los críticos expresando: “las llamadas “reformas del cambio” intentarán presentarlas como mecanismos vinculados al proceso con las Farc para decir que son parte de la implementación. Como el tiempo del gobierno se agota, intentarán justificar un fast track para aprobar esas tales “reformas del cambio”.Buscan que, bajo el fast track, se reduzcan los tiempos en la agenda legislativa y puedan imponer la agenda del gobierno”, criticó.

Desde la bancada progobierno se pronunció la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro, quien señaló: “acierta el presidente Gustavo Petro Urrego. La implementación del Acuerdo de Paz es una obligación nacional e internacional del Estado colombiano que ha sido flagrantemente incumplida.No es sólo responsabilidad del Ejecutivo; los demás poderes públicos tenemos el deber constitucional de cumplir con lo pactado y contribuir al cierre definitivo de los ciclos de violencia en el país”, expresó.

Al respecto, también se refirió el congresista por la Alianza Verde y el Pacto Histórico Santiago Osorio, indicando: “el país debe avanzar hacia el cumplimiento pleno de los acuerdos de paz; después de 4 años en que se cumplió la promesa de volver trizas los acuerdos; hoy el presidente frente a la ONU pide un fast track para lograr su implementación, acá estamos listos”, anotó.

Otra de las personas que se pronunció fue la senadora Martha Peralta, expresando: “ ¡es un descaro! La plata de la paz la usaron para inversiones en los territorios más ricos del país (Bogotá Los Rosales, El Poblado Medellín), qué injusticia, la plata que era para los territorios más pobres y en guerra la usaron para las vías de sus conjuntos residenciales.Hace bien el presidente Gustavo Petro Urrego en proponer un fast track que acelere la aprobación de leyes para el cumplimiento del Acuerdo de Paz en nuestro país. Colombia lleva décadas desangrándose por la misma guerra que beneficia a unos pocos y afecta a millones de colombianos a costa de los mismos gobernantes de siempre. Este es el cambio, las políticas de paz y reconciliación son prioritarias”, manifestó.

El expresidente de la Cámara de Representantes y congresista del Pacto Histórico David Racero, también destacó la propuesta, señalando: “cuando preguntan cuál es el acuerdo nacional que propone Gustavo Petro Urrego, es justamente aquel que quedó pendiente del Acuerdo de Paz. Un acuerdo nacional, que teniendo la paz como centro, se compromete a cambiar el país. No solo a desmovilizar grupos armados”, puntualizó el legislador.

COMILLÓN: Origen del Fast Track en Colombia

Precisamente, en las últimas horas el magistrado del Consejo Nacional Electoral CNE César Lorduy Maldonado, se refirió al origen del Fast Track en Colombia.

-15 de septiembre de 2015: El Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos presenta al Congreso el Proyecto de Acto Legislativo que dio origen al ‘fast track’

-7 de julio de 2016: El Congreso de la República aprueba el Acto Legislativo 01 de 2016, con el que se crea el llamado ‘fast track’

-24 de noviembre de 2016: Se firma entre el Gobierno y las entonces Farc el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

-12 de diciembre de 2016: Sentencia C-699 de la Corte Constitucional declaró exequible el acto legislativo 01 de 2016, en respuesta a la demanda que instauraron unos ciudadanos.

-30 de diciembre de 2016: se promulga la primera Ley de la República en el marco del ‘fast track’, Ley 1820 de 2016.

-30 de diciembre de 2016: El Gobierno emite el decreto-ley 2204 de 2016, el primero en el marco del ‘fast track’.

-9 de marzo de 2017: La Corte Constitucional, mediante sentencia C160-17, tumbó el decreto-ley 2204 de 2016, o sea el primer que se había emitido en el marco del ‘fast track’.

Según lo explicó el magistrado, entre la presentación del proyecto de Fast Track y la expedición del primer decreto autorizado por el Acto Legislativo 01 de 2016, transcurrió 1 año, 3 meses, y 15 días. Es decir más o menos 16 meses, o exactamente 472 días.

Entre la presentación del proyecto de acto legislativo que dio origen al ‘fast track’ para la paz y su aprobación en el Congreso pasaron 10 meses (exactamente 296 días). Y entre la aprobación de este acto legislativo y el primer decreto-ley emitido en el marco de este mecanismo pasaron otros seis meses o exactamente 176 días.