Medidas intensificadas buscan regularizar el tránsito por una de las zonas más críticas de la migración en América Latina.
Panamá ha implementado nuevas acciones para gestionar la migración irregular a través del Darién, anunció el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) la semana pasada. Estas medidas incluyen el bloqueo de pasos no autorizados utilizados por migrantes que atraviesan la selva hacia Bajo Chiquito, el primer poblado tras días de caminata.
Según Senafront, se han cerrado «tres pasos no autorizados, incluyendo las rutas por la costa pacífica y caribeña, así como los accesos terrestres hacia el sector del Hito de Chucurti, este último protegido con barreras perimetrales».
El plan, conocido como «cerrar el Darién», es parte de una nueva campaña llamada ‘Darién’, impulsada por el Gobierno de José Raúl Mulino para asegurar la paz y tranquilidad en esta región estratégica del país. Durante una reciente visita al Darién, Mulino adelantó la instalación de «cercas de serpentinas» para dirigir a los migrantes hacia rutas controladas y aumentar la presencia policial en áreas clave de la selva.
El cierre de estas trochas se produce en medio de un aumento significativo de migrantes, especialmente venezolanos, que han cruzado este año más de 195,000 personas, mientras que en 2023 la cifra superó las 520,000, según datos oficiales de Panamá.
Sin embargo, la decisión de Panamá ha generado críticas desde Colombia. El presidente Gustavo Petro cuestionó la medida, argumentando que «los alambres de púas en la selva solo traerán ahogados en el mar», en referencia a los riesgos adicionales que enfrentarán los migrantes al intentar sortear estas nuevas barreras.
«La migración se frena quitando bloqueos económicos y mejorando la economía del sur», afirmó Petro, subrayando la necesidad de abordar las causas estructurales que impulsan la migración en la región.
