No hay que desconocer que durante muchos años los gobernantes de Colombia han buscado de manera incesante encontrar caminos para conseguir la paz –supremo bien jurídico en cualquier sociedad del mundo– afectada principalmente por organizaciones subversivas.
Desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, casi todos los gobiernos han tendido un “puente de oro” a través de múltiples leyes de amnistía y de indulto.
En plena confrontación Liberal-Conservadora, allá por el año 1953, Gustavo Rojas Pinilla expidió un amplio Decreto de amnistía que involucraba tanto a guerrilleros –en su mayoría liberales– como a los agentes del Estado que se hubieran excedido en su defensa. Durante el periodo conocido como Frente Nacional, Alberto Lleras Camargo expidió otra ley en igual sentido y Alfonso López Michelsen llevó a cabo aproximaciones, Julio César Turbay Ayala confrontó por la vía militar a las guerrillas, pero buscó también la paz y creó una comisión para tal fin.
De manera audaz, Belisario Betancur Cuartas llegó a acuerdos –con tregua y cese del fuego incluidos– con la entonces poderosa Coordinadora Nacional Guerrillera; generosamente, sacó de las cárceles a los guerrilleros del M-19 que estaban presos por delitos políticos; las alegadas violaciones de la tregua por el M-19 dieron lugar al tristemente recordado holocausto del Palacio de Justicia.
Virgilio Barco Vargas retomó el camino de las negociaciones y en marzo de 1990 firmó un exitoso acuerdo de paz con el M-19, sin dejar de buscar la paz con las otras guerrillas.
César Gaviria Trujillo continuó la ruta y en medio de la euforia de la Constituyente pudo desarmar al EPL, el PRT, el Quintín Lame, entre otros.
Ernesto Samper Pizano igualmente buscó solucionar de manera negociada al conflicto armado en Colombia e hizo aprobar la Ley 418 de 1997, actual marco jurídico para las negociaciones de paz. Andrés Pastrana Arango, para poner fin a la guerra y con el apoyo ciudadano, hizo lo posible con el recordado proceso del Caguán, incluyendo todas clase de concesiones –lo hicieron pasar tremenda pena con el espectáculo de la silla vacía–.
Álvaro Uribe Vélez también tuvo comisionados de Paz y en medio de la política de confrontación abierta ofreció caminos de diálogo, entre ellos el que terminó en la desmovilización de las AUC. Juan Manuel Santos, con todo y las dificultades, pudo desarmar con su proceso a la guerrilla más antigua y poderosa: las Farc.
Ahora el presidente Gustavo Petro ha lanzado su idea de la Paz Total, que por primera vez no solo abarca a las guerrillas con objetivos políticos, sino a toda clase de organizaciones delincuenciales, incluidas las claramente asociadas al narcotráfico.
Decretó en la medianoche del 31 de diciembre pasado un cese del fuego bilateral, sin precisiones sobre su ejecución y al parecer, sin consultar a las Fuerzas Militares y al parecer ni al ELN, el que en cuestión de horas lo desautorizó.
Quiso también liberar para antes de la Navidad de 2022 a centenares de jóvenes de la llamada primera línea, procesados o condenados por fiscales y jueces, en algunos casos por homicidio y torturas, pero no lo logró por completo. Con las disidencias Farc unas son de cal y otras de arena, y ahora con los Comuneros del Sur, facción del ELN en Nariño, se esperan los resultados.
Entendiendo las dificultades que implican más de 50 años de violencia, Colombia reclama que las conversaciones avancen y comiencen a producir resultados, ojalá se obtengan pronto, para evitar que ese esfuerzo caiga en el descrédito que sepultó todos los intentos anteriores.
