Por: Unidad Investigativa
En Colombia, los recursos destinados por el Estado a las poblaciones vulnerables deberían ser sagrados, cuidadosamente administrados y vigilados para asegurar que se inviertan eficazmente en aquellos que más los necesitan.
Sin embargo, es frecuente que políticos, funcionarios y empresarios corruptos se aprovechen de artimañas contractuales para desviar estos recursos, llenando sus propias arcas a expensas de las necesidades más apremiantes de la población.
Esta práctica corrupta se extiende incluso a programas destinados a proporcionar ayuda educativa, como han revelado repetidamente los organismos de control del país, incluyendo los programas de alimentación escolar.
El municipio de Puerto Colombia, en el norte del departamento del Atlántico, no escapa a esta sombría realidad. La administración local estableció un Fondo Educativo con la aparente misión de apoyar económicamente a estudiantes que han completado su bachillerato y desean iniciar estudios universitarios.
El Fondo Educativo para la Educación Técnica, Tecnológica, Formación Complementaria o Superior en Puerto Colombia fue establecido mediante el acuerdo 011 de 2017 y posteriormente modificado con el acuerdo 011 de septiembre de 2022, convirtiéndose en el Fondo Educativo Municipal para la Financiación de la Calidad Educativa «Fondo Becas a la Excelencia Porteña». Este fondo especial del presupuesto municipal opera con autonomía.
Sin embargo, es preocupante que el acuerdo inicial de 2017 no esté disponible en formatos digitales, lo que dificulta entender los cambios introducidos con la creación del nuevo fondo.
Desde la modificación, en 2023, el Fondo ha firmado convenios por un total de $4.307.516.272 con 18 instituciones académicas, de las cuales 17 son privadas y solo una es estatal (Universidad del Atlántico). Entre los beneficiarios se encuentran universidades como la Autónoma del Caribe, la Libre, la CUC, y otras instituciones menos conocidas en el ámbito técnico, como el Instituto Centro de Sistemas SAS y la Corporación Universitaria Americana. El convenio más significativo, por $1.101.016.384, se firmó con la Universidad Autónoma del Caribe.
En el año actual, a partir de marzo, la administración municipal ha renovado convenios con diversas universidades por un monto total de $7.602.874.542. El Municipio financia el 70% de la matrícula, es decir, $5.322.012.179, mientras que las instituciones educativas aportan el restante.
En el municipio de Puerto Colombia, según datos del Ministerio de Educación, cada año se gradúan en promedio no más de 1.700 estudiantes de bachillerato, de los cuales menos de 950 provienen de instituciones públicas. De los 23 centros educativos en la zona, solo 7 son públicos; el resto son instituciones privadas, algunas de las más costosas en el Área Metropolitana de Barranquilla, frecuentadas principalmente por estudiantes de estratos 5 y 6.
Si la administración municipal hubiera aplicado rigurosamente las directrices del acuerdo, que establece que los recursos del Fondo deben destinarse a jóvenes de escasos recursos o sin medios para acceder a la educación superior, se esperaría que todos los estudiantes en esta situación en Puerto Colombia estuvieran matriculados en alguna de las 16 instituciones con las cuales se han firmado convenios este año. Destacando nuevamente, el mayor convenio es con la Universidad Autónoma del Caribe, por un valor de $2.322’257848.
Según los registros en la plataforma del Secop II, la Universidad Autónoma del Caribe matriculó a 435 estudiantes a través de este convenio.
Otros 25 fueron matriculados en la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca, 15 en la Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y Salud (Uncorsalud), y 43 en la Corporación Universitaria Latinoamericana (CUL), sumando un total de 518 beneficiarios del programa cuyas matrículas ascendieron a $2.600’113.246. De esta cantidad, el Fondo municipal desembolsó $1.820.079.272, equivalente al 70% del costo total de las matrículas.
Sin embargo, en la documentación de los otros 12 convenios restantes no se encontraron certificaciones ni listados de estudiantes matriculados ni de las carreras que cursan. Por lo tanto, es desconocido si los otros 430 estudiantes que se graduaron el año pasado en instituciones educativas públicas de Puerto Colombia se beneficiaron efectivamente de este programa.
La situación planteada suscita serias dudas y críticas sobre la gestión del Fondo Educativo en Puerto Colombia. Según los datos, si dividimos el valor total de los convenios firmados entre los 950 estudiantes que egresan anualmente del grado 11, resultaría en un supuesto financiamiento de aproximadamente 8 millones de pesos por semestre por estudiante. Esta cifra es totalmente inverosímil, absurda y alejada de la realidad, dado que, por ejemplo, en instituciones como la CUL, ninguna matrícula de pregrado supera los $2.700.000.
Surge la pregunta inevitable: ¿Está el municipio de Puerto Colombia utilizando recursos públicos para financiar la educación superior de estudiantes que no pertenecen a la población vulnerable mencionada en el Acuerdo?
Esta interrogante deberá ser respondida por los órganos de control o el Ministerio de Educación, ya que hasta el momento no se ha reportado documentación que detalle qué carreras o cuántos estudiantes de pregrado y postgrado están siendo supuestamente financiados con estos fondos.
Además, el alcalde de Puerto, Plinio Cedeño Gómez, afirmó el pasado febrero que el programa beneficiaba a más de «1.850 nuevos estudiantes» y que se habían renovado las matrículas de 1.694 estudiantes. Estas declaraciones subrayan la necesidad urgente de una investigación exhaustiva para esclarecer la veracidad y el manejo adecuado de los recursos destinados a la educación en el municipio.
Despilfarro y falta de transparencia en Puerto Colombia
Otro aspecto del acuerdo del 2022 que levanta sospechas y claramente facilita el manejo irregular de recursos es el artículo Tercero, que detalla los Objetivos del Fondo.
Supuestamente, el objetivo es financiar la calidad educativa en Puerto Colombia-Atlántico, promoviendo y fortaleciendo procesos educativos para acceder a educación técnica laboral, profesional, tecnológica y formación complementaria para jóvenes que han completado su ciclo escolar en colegios municipales, y que también tienen acceso a institutos técnicos, corporaciones educativas o universidades nacionales o locales.
“Su objetivo es la financiación con becas o subsidios, de la calidad educativa del municipio de Puerto Colombia-Atlántico, promover y fortalecer los procesos educativos para el acceso a la educación técnica laboral por competencias laborales (Formación para el trabajo), técnica profesional, tecnológica, formación superior y complementaria de los niñas, niños y jóvenes residentes en Puerto Colombia, que hayan realizado su ciclo de secundaria y media en los colegios oficiales del municipio y tengan acceso a la educación en institutos técnicos de formación para el trabajo, corporaciones educativas o universidades del orden nacional o local”.
Sin embargo, en los siguientes puntos, se describe que el apoyo en forma de subsidios o becas también cubrirá “pasantías y prácticas estudiantiles de educación técnica, tecnológica, pregrado y postgrado de educación superior”. Para la “formación docente y apoyo a proyectos de calidad educativa” y “apoyo a educación para adultos”
Además, el mismo artículo Tercero, en su segundo párrafo, establece que los beneficiarios pueden usar las ayudas en dos modalidades: una beca o subsidio que incluye: “Apoyo económico para financiar gastos de manutención, transporte, alimentación, alojamiento, libros, actividades académicas, extracurriculares, diplomados, cursos de lenguas extranjeras, intercambios estudiantiles, dentro o fuera del país, congresos, foros asambleas y eventos en que se exalte la investigación”.
En resumen, el supuesto interés en subvencionar a jóvenes de escasos recursos en Puerto Colombia se convierte en una excusa para financiar con dinero público postgrados o formación profesional de cualquier individuo, incluso aquellos con recursos propios, ya que el acuerdo no especifica condiciones claras para acceder a las ayudas, solo exigiendo un promedio mínimo de calificaciones a partir del segundo semestre.
Finalmente, en el artículo Quinto se establece que el Comité Técnico Operativo del Fondo estará compuesto por el Alcalde y varios secretarios municipales, incluyendo los de Hacienda, Gobierno, Educación y Jurídica, quienes entre otras funciones definen las condiciones y requisitos para los beneficiarios.
Esto plantea varias preguntas alarmantes: ¿Por qué no se publican los listados de estudiantes que han recibido becas o subsidios económicos? ¿Por qué un fondo creado para estudiantes de secundaria y su ingreso a la educación superior termina desviándose de su objetivo original? ¿Bajo qué criterios se asignan ayudas con dinero público a individuos no estudiantiles para realizar postgrados u otros tipos de capacitación?
Es crucial recordar cómo los programas de becas o subsidios, diseñados para educación, vivienda y otras necesidades, a menudo se utilizan para coaccionar a los electores, ofreciendo estas subvenciones a cambio de votos, lo cual plantea serias dudas sobre la integridad y el propósito real de este fondo en Puerto Colombia.
Corrupción y opacidad en fondos educativos
Durante la administración del exalcalde Wilman Vargas Altahona, se aprobó la modificación del Fondo para la Educación Superior. Bajo la gestión actual de Plinio Cedeño Gómez, se han destinado $7 mil millones de pesos a este fondo, con una ejecución de más de $5 mil millones, dejando aún $2 mil millones por aclarar.
Ambos funcionarios fueron respaldados por una misma corriente política, conocidos como los zares del alumbrado público en Atlántico y Santander. Este grupo no solo actúa como contratista, sino que ha consolidado una influencia política significativa, ubicando a varios de sus miembros en cargos estratégicos.
Con un historial tan cuestionable, es crucial determinar con certeza cómo se están utilizando los $2 mil millones restantes de los $7 mil millones asignados al Fondo Educativo para el año 2024. Esta gestión opaca de fondos educativos en Puerto Colombia, uno de los municipios más afectados por la drogadicción juvenil, refleja cómo los recursos destinados a los más vulnerables son desviados para beneficio personal y político.
En conclusión, es urgente que los organismos de control investiguen exhaustivamente y garanticen que estos fondos se utilicen correctamente para beneficiar a los estudiantes necesitados, no para enriquecer a unos pocos privilegiados.
R3. Y.A.
