En junio de 2024, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia inició una investigación contra el exrepresentante a la Cámara por Boyacá César Pachón por los presuntos delitos de cohecho propio, falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación y concusión, después de que saliera a la luz pública que Pachón había contratado a un individuo para pagar una deuda.
Según el expediente que reveló El Tiempo, el acusado contrató a un hombre en su unidad de trabajo legislativo (UTL), desde el 25 de septiembre de 2018 al 1 de diciembre de 2019 con el fin de librarse de un compromiso monetario que adquirió con él en el pasado, el cual se pagaría con el salario que percibía en su cargo de asistente.
César Pachón esta acusado de los delitos de cohecho propio y falsedad ideológica en documento público – crédito Archivo
César Pachón esta acusado de los delitos de cohecho propio y falsedad ideológica en documento público – crédito Archivo
El documento también reveló que el excongresista presentó ante la División de Personal de la Cámara de Representantes del Congreso de la República certificaciones mensuales en las que justificaba el pago de la nómina por las labores que desempeñaba el asistente.
Además de puntualizar que “los recursos salariales percibidos en ese periodo de tiempo no se destinaron al pago de la referida deuda, en atención a que el investigado habría obligado al denunciante a recibirlos y emplearlos para solventar otras de sus obligaciones personales, para lo cual le requirió en múltiples oportunidades la consignación o entrega de los dineros a terceras personas expresamente indicadas por aquel”.
La Corte Suprema de Justicia también señaló que durante la recolección de pruebas adicionales, obtuvo las declaraciones de nueve personas que ratificaron la versión que manejan los investigadores. Asimismo, encontró material probatorio del vínculo entre el exrepresentante y el sujeto.
El magistrado del caso, Héctor Javier Alarcón, ordenó “realizar extracción de información del equipo celular aportado voluntariamente por el denunciante”, en particular, de las conversaciones que sostenía con Pachón.
De acuerdo con la denuncia, el afectado se conoció con César Augusto Pachón Achury Rafael por medio de Andrés Flórez Carbono para que “facilitara su empresa denominada Dismon S.A.S.” con miras a que Carlos Andrés Amaya, gobernador de Boyacá en 2017, le adjudicara, por previo acuerdo con el investigado, la contratación para la iluminación navideña del Puente de Boyacá.
Basándose en el material probatorio, la Corte Suprema de Justicia considera que tiene un caso sólido para juzgar a Pachón del delito de cohecho propio, ya que desde su posición de representante a la Cámara “habría aceptado directamente promesa remuneratoria en favor propio, a cambio de ejecutar una actuación contraria a sus deberes oficiales”.
De igual manera, lo acusan del delito de falsedad ideológica en documento público, debido a que presentó en 14 oportunidades certificaciones en las que hacía constar de manera ficticia el cumplimiento de labores que en realidad no eran desarrolladas por el asistente.
