Abren proceso fiscal por $10.768 millones contra MinDeporte

El alcalde de Barranquilla (Colombia), Jaime Pumarejo, y la ministra del Deporte de Colombia, Astrid Rodríguez, ondean la bandera de Panam Sports en la ceremonia de clausura de los Juegos Panamericanos 2023 EFE/ Ailen Díaz

Después de indagaciones preliminares por el incumplimiento del Ministerio del Deporte con Panam Sports, la Contraloría General anunció la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal por $10.768.425.000.

Para la Contraloría, el incumplimiento en los pagos tuvo que ver con la “inoportuna gestión de recursos por parte del Ministerio del Deporte”.

Además, establecieron que “Se estableció que, mientras la Alcaldía de Barranquilla realizó tres transferencias por concepto de derecho de sede y patrocinio, el Ministerio del Deporte incumplió los compromisos adquiridos, relacionados con la consecución, apropiación y pago de recursos por valor de 8.000.000 USD que tenían como fecha final de pago los días 30 de diciembre de 2023 y 30 de enero de 2024′′.

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Es así como Geovany Rodriguez, delegado de la Contraloría General de la República, anunció la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal por 10.768 millones de pesos contra el Ministerio del Deporte. Esta medida se deriva del retiro de la sede de los Juegos Panamericanos 2027 de la ciudad de Barranquilla.

Según Rodriguez, la investigación preliminar identificó un presunto daño al patrimonio público debido a los pagos efectuados por el Distrito de Barranquilla a la firma Panam Sport, que ascienden a más de 2 millones 200 mil dólares.

El funcionario aclaró que por el momento no se pueden revelar los nombres de las personas bajo investigación en este proceso. Sin embargo, señaló que el exalcalde Jaime Pumarejo ha sido excluido de la investigación hasta el momento.

Rodriguez reiteró que existen fundamentos sólidos para este proceso de responsabilidad fiscal, cuyo objetivo es recuperar los recursos desembolsados por la capital del Atlántico, así como los impuestos asociados a esta obligación.

Este proceso marca un paso importante en la rendición de cuentas y la protección del patrimonio público, según lo establecido por la Contraloría General de la República.