Proyecto de ley busca fortalecer vigilancia estatal y proteger derechos de usuarios.

El Gobierno de Gustavo Petro ha puesto en marcha una ambiciosa reforma legislativa destinada a transformar el panorama de los servicios públicos en Colombia. A través de un proyecto de ley elaborado por el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, se busca reestructurar la Ley 142 con el objetivo de fortalecer la supervisión estatal sobre las empresas prestadoras y garantizar mejores condiciones para los usuarios.

Desde la Superintendencia de Servicios Públicos se ha trabajado arduamente en la recopilación de información clave de diversos ministerios y sectores, con la finalidad de estructurar un documento que proponga ajustes significativos en la regulación vigente. Este proyecto será presentado en el Congreso durante el segundo semestre del año, luego de recibir el visto bueno por parte del presidente Petro.

Fortalecimiento del control estatal y agilización de sanciones

Una de las principales aristas de la reforma es el fortalecimiento de la vigilancia y control del Estado sobre las empresas que prestan servicios públicos en el país. Actualmente, la superintendencia enfrenta desafíos operativos debido a la limitada presencia de personal en solo siete ciudades capitales, lo que dificulta una supervisión efectiva a nivel nacional.

El proyecto propone acelerar los tiempos de los procesos sancionatorios contra las empresas, buscando reducir significativamente los plazos de resolución de investigaciones que en algunos casos se prolongan hasta por dos años. Según Quiroga, esta medida no solo apunta a mejorar la eficiencia administrativa, sino también a brindar respuestas rápidas y efectivas ante posibles irregularidades cometidas por los prestadores de servicios.

«Se está pensando más en la regulación del negocio y el mercado que en el usuario», aseguró Quiroga. “Se está olvidando que los servicios públicos son esenciales y que debe darse prelación a los usuarios, mirar un equilibrio entre la rentabilidad de las empresas y la tarifa que pagan los ciudadanos”, explicó en diálogo con un reconocido medio nacional.

Protección del mínimo vital y derechos de los usuarios

Otro aspecto crucial de la reforma es la protección del mínimo vital para los colombianos más vulnerables, incluyendo a familias en situación de pobreza extrema, desempleados y habitantes de zonas periféricas y rurales. Esta disposición pretende garantizar que no se suspenda el servicio a aquellos que no puedan pagar sus facturas, asegurando así un acceso continuo a servicios esenciales como el agua y la energía.

Quiroga, ha indicado que Superservicios señala el deber de poner en cintura a las empresas que de manera sorpresiva, cambian los medidores de energía y sin consentimiento del usuario. “No puede hacerse a las malas, debe haber un procedimiento”, explicó.

Además, se contempla la revisión del modelo tarifario actual con el objetivo de equilibrar la rentabilidad de las empresas prestadoras con tarifas justas que no sobrecarguen económicamente a los usuarios. El proyecto buscará promover una regulación que priorice los derechos de los ciudadanos sobre los intereses comerciales de las empresas, asegurando un equilibrio entre rentabilidad y servicio de calidad.

Democratización y competencia en el sector de servicios públicos

Una de las propuestas más controvertidas es la búsqueda de una mayor democratización en la prestación de servicios públicos, especialmente en sectores como la energía y el agua, que actualmente están dominados por monopolios y oligopolios. Quiroga ha enfatizado la necesidad de ampliar la participación de nuevas empresas y comunidades en la prestación de estos servicios, con el objetivo de fomentar la competencia y mejorar la eficiencia del sector.

El superintendente ha rechazado las acusaciones de que la reforma busque estatizar los servicios públicos, asegurando que el modelo actual que incluye empresas públicas, privadas y comunitarias se mantendrá intacto. Sin embargo, subrayó la importancia de fortalecer la supervisión estatal para garantizar que todas las entidades cumplan con los estándares de calidad y eficiencia exigidos por la ley.

Perspectivas y debate futuro en el Congreso

El proyecto de ley, que será presentado próximamente en el Congreso, promete generar un intenso debate entre los legisladores, representantes del sector empresarial y defensores de derechos de los consumidores. Se espera que las discusiones se centren en los alcances de la reforma y sus posibles repercusiones económicas y sociales para el país.

Expertos han expresado diversas opiniones respecto a la iniciativa, destacando la necesidad de una legislación que no solo proteja los derechos de los usuarios, sino que también promueva un entorno favorable para la inversión y el desarrollo sostenible del sector de servicios públicos en Colombia.

 “Si llegan más empresas, no se puede afectar la competencia, esta ley no afecta la competencia, no restringe el acceso al mercado”, dijo Carlos Alberto Atehortúa a un medio nacional. Explicó que el Grupo Energía Bogotá, el Acueducto de la capital y Empresas Públicas de Medellín, entre otras, “no tendrán afectación y podrán prestar los servicios”.

Por su parte, el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, dijo que la reforma es necesaria. “¿Qué nos preocupa? Que vayan a tratar de imponer un articulado para bajar tarifas, porque las leyes no son para bajar tarifas, sino para tener una política a largo plazo”, expresó.

“Hablar de que lo privado tiene que desaparecer y que lo público es lo único que funciona son dogmatismos que la ciencia ha demostrado que no son ciertos. Queremos que sea concertada, que no se improvise, que no cambiemos lo que funciona, que actualicemos lo que haya que actualizar, pero que no nos equivoquemos tratando de hacer populismo”, agregó.

El futuro de esta reforma será determinante para el panorama regulatorio y económico del país en los próximos años, marcando un hito en los esfuerzos del Gobierno por mejorar la calidad y accesibilidad de los servicios esenciales para todos los colombianos.