Encuesta revela profundas desigualdades en acceso a alimentos en Colombia, mientras se debate el rol crucial de los campesinos en la seguridad alimentaria.
La última encuesta de calidad de vida del DANE del año 2022 arroja luces sobre la inseguridad alimentaria en Colombia, destacando que departamentos como La Guajira, Sucre y Chocó enfrentan los mayores niveles de carencia alimentaria, afectando especialmente a hogares con más de cinco personas, monoparentales y ubicados en zonas rurales dispersas.
Según el informe, la inseguridad alimentaria se acentúa en hogares con menores de cinco años, personas con discapacidad, y aquellos beneficiarios de subsidios gubernamentales y pertenecientes a comunidades indígenas y afrodescendientes. La educación del jefe de hogar emerge como un factor mitigante, reduciendo la incidencia de la inseguridad alimentaria.
«Este estudio evidencia que 15,5 millones de personas en Colombia no tienen acceso regular a las tres comidas diarias, con 2,6 millones padeciendo inseguridad alimentaria grave, privándose incluso de alimentos durante días enteros», señala el informe del DANE.
La crisis alimentaria no se limita al acceso físico a alimentos, sino que también se relaciona con la concentración de poder en la cadena alimentaria global. Organizaciones como Vía Campesina alertan sobre el control ejercido por corporaciones transnacionales, exacerbando los precios y comprometiendo la seguridad alimentaria global. «La crisis actual es inédita y ocurre en un contexto global adverso, con impactos climáticos crecientes y desplazamientos masivos», declara Vía Campesina.
En Colombia, el debate entre soberanía alimentaria y seguridad alimentaria refleja tensiones políticas y económicas. A pesar de tener 69 millones de hectáreas cultivables, solo el 7% de la tierra produce el 60% de los alimentos consumidos, mientras que los campesinos, responsables de esta producción, enfrentan condiciones precarias y explotación.
El Observatorio Rural de la Salle destaca que las explotaciones más pequeñas son significativamente más productivas y generan más empleo por hectárea que las grandes. Esta disparidad refleja un error histórico en las políticas agrarias que desatienden el potencial de las familias campesinas.
En respuesta, el gobierno actual promueve una reforma agraria orientada a fortalecer la soberanía alimentaria mediante la reindustrialización rural y la redistribución equitativa de la tierra. Iniciativas como la construcción de 150 puntos de abastecimiento solidario, financiados por el DPS y equipados con mercados campesinos y comedores comunitarios, son pasos cruciales hacia una infraestructura que apoye la autosuficiencia alimentaria.
«La redistribución de la tierra y el apoyo a las economías campesinas son fundamentales para alcanzar la soberanía alimentaria a largo plazo», concluye la exministra Carolina Corcho Mejía, subrayando la importancia de un cambio estructural que priorice el bienestar de las comunidades rurales y la seguridad alimentaria nacional.
