Fue presentada por la Procuraduría
El Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico admitió la acción popular presentada por la Procuraduría General de la Nación el pasado 27 de junio en la que solicita suspender el cobro del peaje en Papiros que se reactivaría el próximo 1 de agostó, además pide revisar un posible desmonte de la caseta haciendo uso de una acción judicial.
Cabe destacar que el máximo organismo del Ministerio Público tomó la determinación de instaurar una acción popular tras hacer observaciones y detectar posibles irregularidades que estarían vulnerando los derechos fundamentales a la vida y seguridad de la comunidad Puerto Colombia y de los usuarios del peaje Papiros. E igualmente se conoció que la acción popular fue interpuesta cuatro días antes que el Ministerio de Transporte a través de la la Resolución 20243040030055 anunciara la reintroducción de una tarifa especial de 1.500 pesos en esa vía costera para automóviles, camperos, camionetas y buses que cubren la ruta hacia Barranquilla y sus alrededores.
Dentro de las pretensiones de la Procuraduría se encuentra que un juez de la república dicte una medida cautelar, que suspenda el cobro de la tarifa diferencial de 1.500 pesos a los vehículos C1, C2, categorizados por el Ministerio de Transporte hasta tanto haya un fallo vinculante y se resuelva de fondo la demanda.
También se tuvo conocimiento que la Procuraduría General le solicita al Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico ordenar al Ministerio de Transporte, a la ANI e Invías para que asuman las decisiones del desmonte de peaje y reubicación de la báscula de pesaje, localizada a un lado de la caseta y garantizar las finanzas del contrato entre la concesión costera Barranquilla-Cartagena y la ANI.
Por su parte, el Tribunal Contencioso Administrativo de Atlántico otorga un plazo de 10 días a las entidades accionadas como son el Ministerio de Transporte; Agencia Nacional de Infraestructura, ANI; Instituto Nacional de Vías, Invías; Agencia Nacional de Seguridad Vial; Departamento del Atlántico; Municipio de Puerto Colombia; Concesión Costera Barranquilla – Cartagena S.A.S, concesionarios; y MAB Ingeniería de Valor, interventor, para que den una respuesta y soliciten las pruebas pertinentes relacionadas con el caso.
Para los porteños y la ciudadanía general el accionar del Tribunal Administrativo de admitir la acción popular es considerado como una luz de esperanzas en una lucha de más 20 años del municipio costero.
