La reciente resolución del Ministerio de Transporte, fechada el 1 de julio, que reinstaura la tarifa diferencial de $1,500 para vehículos de categorías 1 y 2 en el peaje Papiros, ha avivado el debate en torno a la concesión Costera Cartagena-Barranquilla SAS. Esta medida fue emitida poco antes de la renuncia del Ministro de Transporte, William Camargo, anunciada por el Presidente al día siguiente.
El peaje Papiros ha sido centro de disputas entre la concesionaria y la comunidad local, que se opone firmemente a su cobro argumentando impactos económicos negativos para los usuarios de la Vía al Mar. A pesar de múltiples intentos y mesas de diálogo, no se ha alcanzado un consenso definitivo sobre su implementación.
Durante la gestión de Camargo, quien también fungió como director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se intensificaron las presiones para ejecutar la tarifa diferencial, lo que generó críticas por parte de líderes locales y del Comité No al Peaje de Puerto Colombia. Tras su salida, María Constanza García asume el desafío de resolver este conflicto, mientras se plantea una acción popular coadyuvada por la Procuraduría y la Alcaldía local para revertir la decisión.
«La propuesta de nosotros como comunidad, el Comité, es el desmonte total de la caseta Papiros», declaró William Álvarez, líder comunitario de Puerto Colombia, subrayando la demanda principal del movimiento. Por su parte, el Alcalde Plinio Cedeño negó haber respaldado la tarifa diferencial y desestimó las justificaciones del exministro Camargo como «falaces».
Con este panorama, las autoridades locales y la nueva ministra deberán trabajar en conjunto para buscar una solución que concilie los intereses de la comunidad con la viabilidad financiera de la vía, mientras el debate sobre el futuro del peaje Papiros continúa en el centro de la agenda pública local y nacional.
