Una realidad indiscutible es que la meta de Colombia tiene que ser la paz en el más riguroso sentido de lo esencial; la paz que además del abandono de las armas, representa la construcción de una nación libre de factores que puedan exponerla a nuevas confrontaciones, de muerte y frustraciones; creemos que no hay causa más prioritaria para Colombia que la salida al conflicto armado.
Indiscutiblemente la paz se constituye en uno de los más importantes anhelos históricos del pueblo colombiano, seguramente que esa fue una de las obsesiones de los constituyentes que intervinieron en la redacción de nuestra actual Carta Magna –promulgada el 4 de julio de 1991– la que contiene un aspecto condensado en su artículo 22: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.
Si leemos y analizamos detenidamente el contenido de nuestra Constitución Nacional concluiremos que está llamada a ser un tratado de paz entre los colombianos y al servicio de esa causa dedicaron buena parte de sus esfuerzos los constituyentes que la redactaron, de ahí que ellos se hayan empeñado en materializar ese ideal tan esquivo de la paz, en una artículo que lo objetivara en un derecho y al mismo tiempo en un deber de obligatorio cumplimiento.
No hay que desconocer que la historia política de Colombia se ha desarrollado en medio de una permanente tensión la que siempre se ha mantenido entre la guerra y la búsqueda de la paz, una situación que se presenta desde el mismo origen de nuestro Estado Social de Derecho; no se puede negar que los conflictos y la violencia, siempre han sido los elementos constitutivos de la identidad de nuestra nación.
Tampoco hay que desconocer que el conflicto armado en Colombia se ha caracteriza por ser el más largo del mundo, el que ha dejado miles de víctimas a su paso y que la búsqueda de la paz ha sido en diferentes momentos y escenarios históricos, el principal objetivo.
Tal como se ha venido dilucidando en los últimos días, ya perdieron vigencia resoluciones que dieron vida a un posible cese al fuego por parte del Estado Mayor de las Disidencias de las Farc y otros grupos armados que a pesar de los obstáculos existentes han dado tenues luces de la posibilidad de un acuerdo que se compadezca con la Paz Total que ha venido pregonando el Presidente Gustavo Petro, en aras de consolidar un verdadero proceso que ponga punto final al antaño conflicto armado.
Como se recordará, el 31 de diciembre de 2022, el Gobierno en cabeza del Presidente de la República, anunció con “bombos y platillos” –más con bombos que con platillos– el inicio del cese al fuego bilateral con cinco organizaciones armadas ilegales, entre las cuales el ELN, Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el grupo Sierra Nevada y otros más.
Ya lo dijo el presidente Petro, en favor de la paz todo se implementará con un solo objetivo: suspender la afectación humanitaria de la población en general y en especial de las comunidades étnicas y campesinas, suspender acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre la Fuerza Pública y las organizaciones al margen de la ley, debería ser la principal finalidad, para lo cual se estudia la posibilidad de discutir nuevas medidas bilaterales con los grupos antes mencionados.
Las dificultades que implican más de 70 años de violencia en Colombia ameritan que las conversaciones avancen y comiencen a producir resultados, ojalá se obtengan pronto, para evitar que ese esfuerzo también caiga en el descrédito que ha sepultado todos los intentos anteriores.
