Ex gerente de la Imprenta Nacional y altos funcionarios de Migración Colombia en el centro de la investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación de contrato de 6.600 millones de pesos.
La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación disciplinaria contra el director de Migración Colombia, Carlos Fernando García Manosalva, y el ex gerente general (e) de la Imprenta Nacional, Andrés René Chaves Fernández, debido a presuntas irregularidades en la firma de un contrato valorado en 6.600 millones de pesos para la impresión de cédulas de extranjería. Este contrato, que comprometía una considerable suma de recursos, ha generado serias preocupaciones dentro del órgano de control.
En el mismo auto de apertura de investigación, también se incluyó al jefe de la Oficina Jurídica de Migración Colombia, Carlos Julio Ávila Coronel, y al secretario general de esa entidad, Rigoberto Niño Corredor. Las autoridades están examinando una posible falta de idoneidad de la Imprenta Nacional para llevar a cabo los trabajos encomendados, lo que llevó a una subcontratación total de los servicios requeridos, abarcando desde la impresión de las cédulas de extranjería hasta la personalización y entrega final de los documentos a Migración Colombia.
Además, la investigación disciplinaria también considera una posible vulneración a la libre concurrencia de oferentes, ya que el contrato fue adjudicado de manera directa, lo que podría haber perjudicado los intereses de otros posibles competidores en el mercado. La Procuraduría se encuentra analizando si con esta actuación se infringieron los principios fundamentales de la contratación estatal y la función administrativa.
Para avanzar en la investigación, el órgano de control ha solicitado varias pruebas, entre ellas una copia del contrato firmado y un informe ejecutivo detallando el estado actual del proyecto, incluyendo las actividades realizadas hasta la fecha y los pagos o aportes efectuados. La situación plantea serias dudas sobre la transparencia y la legalidad de los procesos de contratación en el ámbito estatal, y las autoridades están decididas a esclarecer cualquier irregularidad que pudiera haber ocurrido.
