Organizaciones terroristas y bandas criminales generan temor y afectan la producción agropecuaria y acuícola en diversas regiones del país.
Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), ha manifestado una profunda preocupación por la creciente inseguridad que afecta a las zonas rurales del país. Bedoya resaltó la presencia de organizaciones terroristas como el ELN, el Estado Mayor Central de las Farc, y diversas bandas criminales, entre ellas el Clan del Golfo, que operan en distintas regiones de Colombia.
Estas organizaciones no solo infunden miedo entre los habitantes rurales, sino que también están involucradas en actividades como la extorsión, el reclutamiento forzado de menores y la participación en economías ilícitas, tales como el narcotráfico y la minería ilegal, que financian sus operaciones.
«En el suroccidente colombiano, como ha ocurrido en algunos momentos de los últimos dos años, el tema de invasión, ocupación de predios y muy particularmente asesinatos de trabajadores del sector agroindustrial (…), Entonces, pues es gran parte del territorio colombiano la que tiene diferentes afectaciones que generan obviamente miedo y preocupación entre los productores de alimentos de nuestro país», declaró Bedoya en una entrevista radial.
La SAC ha destacado el caso de la Federación Colombiana de Acuicultores (Fedeacua), una organización afiliada que ha manifestado su inquietud por el deterioro de la seguridad en varias regiones, especialmente en los departamentos de Tolima y Huila, donde las actividades sectoriales se están viendo gravemente afectadas.
Según Fedeacua, en los últimos meses los productores han reportado numerosos incidentes de intimidación, extorsión y amenazas por parte de grupos ilegales, situaciones que han sido informadas a las autoridades correspondientes. Estas acciones no solo ponen en riesgo la producción acuícola nacional y la seguridad alimentaria, sino que también generan incertidumbre sobre la operación de esta importante agroindustria y la seguridad de las personas involucradas.
Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), también ha expresado su preocupación respecto a la seguridad en el país. En sus declaraciones, Mac Master afirmó que «el Estado no está siendo capaz de ofrecer la seguridad suficiente a la población. Eso de alguna forma es pérdida del control del territorio». Asimismo, hizo un llamado al gobierno de Gustavo Petro para que tome medidas inmediatas con el fin de recuperar el control y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. «Cada vez que eso sucede, el gobierno tiene la obligación, el estado tiene la obligación de tomar las medidas para recuperar el control y para asegurarle a toda la población que quien realmente tiene la autoridad del territorio es el estado», concluyó.
Estas declaraciones se han dado en el contexto de la presentación de los primeros resultados del observatorio, una iniciativa del Consejo Gremial Nacional que recopila datos de fuentes oficiales como el Ministerio de Defensa, la Fiscalía, Medicina Legal y diversas ONG. Según este observatorio, la Fiscalía ha reportado 937 procesos por secuestros en lo que va del año 2024, comparado con 921 procesos en el mismo período de 2023, lo que representa un aumento del 1.7%.
