El ente de control señala inconsistencias y posibles daños económicos en el proyecto que busca suspender las exportaciones por el conflicto en Gaza.
La Procuraduría General de la Nación ha enviado sus observaciones al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sobre el proyecto de decreto que propone prohibir las exportaciones de carbón a Israel. Esta medida se plantea como respuesta a los ataques contra la población civil en Gaza. Sin embargo, la Procuraduría, a través de la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, ha expresado sus reparos en varios puntos críticos.
Uno de los principales aspectos destacados es la «Reducción de regalías». Las exportaciones de carbón térmico a Israel generan ingresos anuales de 650 mil millones de pesos, de los cuales 100 mil millones benefician directamente a los departamentos de La Guajira y Cesar. El proyecto de decreto no presenta un análisis técnico sobre cómo se compensará esta pérdida de ingresos mientras dure el conflicto en la franja de Gaza.
La Procuraduría también cuestiona la idoneidad de la medida. Aunque el Estado tiene la facultad de intervenir en la economía para garantizar un bien común supremo, el proyecto de decreto no cumple adecuadamente con este objetivo. Según la entidad, la medida debe ser constitucionalmente legítima y claramente necesaria, lo cual no se evidencia en este caso.
Otro punto de preocupación es la «falta de garantía de efectividad». El proyecto de decreto argumenta que la prohibición es la única medida posible para lograr su objetivo, pero no proporciona una demostración técnica que respalde esta afirmación. La Procuraduría indica que no hay pruebas de que la suspensión de las exportaciones de carbón a Israel llevaría a cumplir las decisiones de la Corte Internacional de Justicia y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Además, la entidad advierte sobre el «riesgo de daño antijurídico». La justificación del proyecto decreto es insuficiente, lo que podría llevar a una nulidad por falsa motivación. Las razones presentadas son contrarias a la realidad y carecen de proporcionalidad y razonabilidad.
El posible «incumplimiento del tratado de libre comercio con Israel» también es un tema de preocupación. El acuerdo, aprobado por el Congreso en 2017 y vigente desde 2020, podría ser violado si se implementa esta prohibición sin una justificación adecuada.
Finalmente, la Procuraduría señala que el proyecto de decreto está «opuesto al fundamento normativo». Aunque se invoca el artículo 259 del Plan Nacional de Desarrollo, que permite medidas comerciales restrictivas por razones de seguridad nacional y protección de la industria, la prohibición de exportación no cumple con estas justificaciones y pone en riesgo los derechos a la iniciativa privada y a la libertad de empresa.
