La alerta se enfoca en el riesgo de las comunidades debido a la disputa territorial entre grupos armados ilegales.
La Defensoría del Pueblo ha lanzado la Alerta Temprana (AT) 016-2024 para el sur del departamento del Casanare, señalando el peligro que enfrentan las poblaciones de Maní, Monterrey, Orocué, Tauramena y Villanueva, incluyendo sus zonas rurales. La alarma se debe a la creciente disputa territorial entre grupos armados ilegales en la región.
Existen tres escenarios de riesgo vinculados: el avance de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo) en su control armado ilegal, su violencia continua y la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a través de su frente José David Suárez, junto con facciones disidentes de las FARC, particularmente los frentes 28 y 10 del Estado Mayor Central (EMC).
El AGC está expandiéndose violentamente en el territorio, eliminando y replegando a pequeñas estructuras paramilitares que mantenían el control local. Esta estrategia les ha permitido lograr una supremacía ante sus oponentes y consolidar su control geográfico y económico en el sur de Casanare, además de ganarse la aceptación de las comunidades rurales y urbanas.
La alerta también advierte que estos grupos armados han penetrado en áreas de extrema pobreza y exclusión social para demostrar su poder y capacidad de acción, generando temor y sometimiento. Han reclutado jóvenes de sectores vulnerables, ofreciéndoles falsas promesas de oportunidades que el Estado y la sociedad no les han proporcionado.
Comunidades en riesgo
Organizaciones comunitarias, campesinas, víctimas del conflicto armado, niñas, niños y jóvenes, firmantes de paz, mujeres, servidores públicos, agricultores, ganaderos, reclamantes de tierras, población estigmatizada, sindicalistas, comerciantes, transportadores, docentes y estudiantes, entre otros, podrían ser blancos de diversas formas de violencia. Esta situación no solo vulneraría sus derechos, sino que también infringiría el derecho internacional humanitario (DIH), afectando su libertad, integridad y seguridad.
La población está en riesgo de desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, violencia sexual, secuestros, homicidios selectivos y múltiples, desaparición forzada, hostigamientos, ataques armados indiscriminados, destrucción de bienes civiles y atentados con explosivos, entre otros peligros.
Acciones a emprender
La Defensoría del Pueblo, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), solicita a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) que implemente 28 recomendaciones dirigidas a entidades nacionales, departamentales y locales, con el objetivo de proteger a las comunidades de los cascos urbanos y rurales de Maní, Monterrey, Orocué, Tauramena y Villanueva.
Se insta al Ministerio de Defensa, a la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares a realizar operativos de patrullaje y control, así como labores de inteligencia para detectar la presencia y actividades de los grupos armados. A la Policía departamental se le pide implementar puestos de control en los corregimientos y en las salidas de los municipios hacia la sabana del Casanare. El Ejército Nacional debe reforzar los controles en la zona rural del piedemonte para neutralizar la intimidación ejercida por el ELN y las disidencias de las FARC sobre la población. También se hacen recomendaciones a la Unidad Nacional de Protección, al Ministerio Público, a la Gobernación de Casanare, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otras entidades.
