Justicia boliviana dicta detención para exaltos mandos acusados de alzamiento armado contra el presidente Luis Arce.
La justicia boliviana ha emitido este viernes una orden de prisión preventiva por seis meses contra el excomandante del Ejército, Juan José Zuñiga, junto a dos exjefes militares, bajo acusaciones de «intento de golpe» contra el Gobierno del presidente Luis Arce.
Además de Zuñiga, las medidas afectan al excomandante de la Armada, Juan Arnez, y al exjefe de la división mecanizada de Viacha, Edison Irahola. Los tres enfrentan cargos de alzamiento armado y terrorismo, y cumplirán su detención en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicada en el altiplano de La Paz.
La audiencia, realizada de manera virtual y extendida por cuatro horas, culminó con la decisión judicial de encarcelar a los tres excomandantes. Durante el proceso, los acusados permanecieron bajo custodia policial.
En las afueras de la sede de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en La Paz, un grupo autodenominado “autoconvocados” llevó a cabo una vigilia en apoyo al presidente Arce y demandó la encarcelación de Zuñiga, a quien tacharon de «traidor».
El miércoles pasado, Zuñiga lideró una acción militar que según él tenía como objetivo «cambiar el gabinete de Gobierno» y «restablecer la democracia» en Bolivia. Zuñiga llegó al palacio presidencial en una tanqueta y confrontó tensamente con el presidente Arce, quien ordenó retirar las tanquetas y a los soldados.
Poco después del incidente, Zuñiga fue arrestado en el Estado Mayor del Ejército. Junto a él, fueron detenidos Arnez e Irahola, sumando un total de 21 militares arrestados por el presunto golpe de Estado fallido, según informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
El ministro del Castillo acusó a los detenidos de «comandar la destrucción del patrimonio del pueblo boliviano». Antes de su detención, Zuñiga afirmó que su objetivo era liberar a «todos los presos políticos», mencionando a la expresidenta interina Jeanine Áñez y al gobernador opositor Luis Fernando Camacho, ambos involucrados en la crisis de 2019.
Durante su captura, Zuñiga acusó al presidente Arce de ordenar la salida de los vehículos blindados como parte de una estrategia para incrementar su popularidad.
