Autoridades destruyen infraestructura minera clandestina en Chocó, impactando las operaciones ilegales que generan millonarias utilidades.
El municipio chocoano de Río Quito fue escenario de un importante operativo de la Fuerza Pública, dirigido contra la infraestructura de organizaciones delincuenciales dedicadas a la minería ilegal. Este esfuerzo, que es parte de una lucha continua en todo el país, ha resultado en la captura de 655 personas y la intervención de 2.589 minas ilegales en lo que va de 2024.
En Río Quito, las autoridades intervinieron un complejo minero clandestino con capacidad para producir más de 12 kilos de oro al mes, lo que generaba utilidades ilegales por un valor de 7.800 millones de pesos. Según la Policía Nacional, «esta actividad ilícita afecta a 176 municipios con la extracción ilícita de oro, a 54 de carbón y en 120 se presenta la explotación clandestina de material de construcción.»
La minería ilegal ha sido detectada en el 72% de los departamentos del país, con cinco núcleos principales de mayor afectación identificados: Antioquia y el sur de Bolívar; Chocó y Caldas; Nariño y Valle del Cauca; Amazonas, Putumayo y Caquetá; Guainía y Vichada. Estos datos resaltan la magnitud del problema que enfrenta el país en términos de minería ilegal.
El operativo en Río Quito fue ejecutado por unidades de la Policía, la Armada y el Ejército, quienes destruyeron elementos usados para la explotación de oro, valorados en casi 9.000 millones de pesos. La operación no solo representa un golpe significativo a las finanzas de las organizaciones criminales, sino que también demuestra el compromiso del Estado para combatir esta problemática.
Hasta la fecha, la Policía ha llevado a cabo 246 operaciones en 323 municipios de 23 departamentos del país. Durante estas operaciones, se han incautado 161 excavadoras, 145 dragas y 84 volquetas, además de destruir 148 dragas tipo buzo y dragón, 80 excavadoras, 299 motobombas y 571 motores utilizados en la explotación ilegal de minerales.
Estas acciones han sido coordinadas por el Grupo Operaciones Especiales Contra la Explotación Ilícita de Minerales (UNIMIL), adscrito a la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, en colaboración con Regiones de Policía, Comandos de Metropolitanas y Departamentos de Policía. Los operativos también cuentan con el apoyo de autoridades mineras y ambientales tanto nacionales como locales.
