Fundación para el Estado de Derecho argumenta incumplimientos del grupo armado.
El Consejo de Estado ha admitido a trámite una demanda presentada por la Fundación para el Estado de Derecho, que busca invalidar la resolución emitida por el presidente Gustavo Petro para establecer los lineamientos de las negociaciones entre el Gobierno Nacional y la Segunda Marquetalia.
La demanda argumenta que dicho proceso es ilegal debido a que la Segunda Marquetalia está compuesta en su mayoría por excombatientes de las Farc que abandonaron los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz, reincorporándose a actividades armadas. Según el documento presentado, «se acogieron a la justicia transicional y fueron beneficiarios de los instrumentos judiciales y extrajudiciales pactados, incumpliendo así los principios de no repetición y respeto a las víctimas».
Los demandantes sostienen que permitir nuevas negociaciones con este grupo constituiría una violación flagrante al principio de no repetición. Argumentan además que la determinación del estatus del grupo armado corresponde exclusivamente al Congreso, no al presidente Petro, por lo que su resolución excede los límites legales establecidos.
Se ha solicitado la adopción de medidas cautelares, y el tribunal ha requerido a las partes involucradas que se pronuncien al respecto antes de tomar una decisión sobre la posible suspensión provisional de la resolución en cuestión.
