Tribunal arbitral internacional rechaza reclamo de inversionistas extranjeros y respalda la excepción de seguridad esencial invocada por el Estado colombiano.
Colombia ha evitado el pago de una indemnización que ascendía a cerca de un billón de pesos, tras el fallo favorable emitido por un tribunal de arbitramento internacional en el caso del complejo inmobiliario Meritage, ubicado en la Avenida Las Palmas de Envigado. El país se amparó en la figura de la Excepción de Seguridad Esencial, reconocida en tratados internacionales suscritos con la Organización Mundial de Comercio (OMC), marcando un precedente sin precedentes según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANJE).
La decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington (Estados Unidos), representó un triunfo significativo para Colombia, que enfrentaba una reclamación de 255 millones de dólares liderada por el empresario Ángel Samuel Seda en nombre de inversionistas extranjeros. El reclamo se basaba en la supuesta violación del Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos, debido a la extinción de dominio declarada sobre el proyecto, relacionado con actividades de lavado de activos vinculadas al narcotráfico.
El laudo del CIADI no se pronunció sobre la legalidad específica de la extinción de dominio, pero validó su aplicación como medida legítima adoptada por la justicia colombiana para proteger intereses de seguridad nacional.
“Este es un triunfo único e histórico no solamente para nuestro país, sino internacionalmente para toda la comunidad arbitral y la legitimidad del sistema del arbitraje de inversión”, afirmó la ANJE en respuesta al fallo del CIADI.
El complejo Meritage, inicialmente concebido como un desarrollo habitacional y comercial de lujo, se vio interrumpido en 2016 cuando las autoridades colombianas tomaron posesión del terreno por vínculos con Iván López Vanegas, relacionado con actividades criminales. A pesar de que López fue exonerado posteriormente en Estados Unidos, el proceso de extinción de dominio continuó afectando el proyecto.
El impacto del fallo también se siente en los litigios internos, donde compradores nacionales del Meritage buscan compensaciones. Aunque algunos casos han sido desestimados en primera instancia, varios continúan en proceso judicial en el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Consejo de Estado.
“Para los inversionistas nacionales, la resolución del CIADI podría influir en la evaluación judicial de sus reclamaciones, aunque las circunstancias y las obligaciones de debida diligencia difieren significativamente de las de los inversionistas extranjeros”, comentó Víctor Pérez, abogado de un grupo de 87 afectados.
El futuro del caso en los tribunales nacionales sigue siendo incierto, con implicaciones económicas considerables en juego para ambas partes involucradas.
