Alcaldesa coordina repatriación de fallecidos a su lugar de origen tras violento suceso en Rionegro.
Tres de las seis víctimas mortales de la reciente masacre en Rionegro, Antioquia, provenían del corregimiento de Bohórquez en Campo de La Cruz, Atlántico. Estas personas, que se encontraban trabajando en una finca en busca de mejores oportunidades, perdieron la vida en un trágico evento que ha conmocionado a sus comunidades de origen.
Vanessa Torres, alcaldesa de Campo de La Cruz, informó que se está organizando el traslado de los cuerpos con el apoyo del alcalde local y los familiares directos. «Ya tuvimos comunicación con el alcalde y estamos cuadrando para que los familiares viajen. Estamos trabajando con ellos», expresó Torres.
Las víctimas, cuyas edades oscilaban entre los 32 y 39 años, eran conocidas por su integridad y dedicación al trabajo. «Se fueron a trabajar en una finca y en ese grupo se fueron 10 muchachos, pero se devolvieron cinco y se quedaron otros cinco, entre ellos», detalló la alcaldesa.
En el corregimiento de Bohórquez, la comunidad vive un estado de consternación y profunda tristeza ante este trágico suceso. «Hay tristeza, preocupación y asombro porque la verdad no esperábamos que eso sucediera. Hay que esperar que la Policía haga las investigaciones y saber lo que en realidad sucedió con este hecho», añadió Vanessa Torres.
El ataque ocurrió en la vereda Cabeceras, sector Alto del Perro de Llano Grande, donde según las autoridades se empleó un fusil 5-56, evidenciado por las muestras balísticas encontradas en la escena del crimen. Los perpetradores huyeron en varios vehículos, desencadenando un amplio operativo policial en la zona oriente de Antioquia.
Jorge Rivas Urrea, alcalde de Rionegro, lamentó profundamente la situación y aseguró que se están intensificando los esfuerzos para esclarecer este acto violento. En colaboración con la Secretaría de Gobierno y la Policía, se ha ofrecido una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quienes proporcionen información crucial que conduzca a la captura de los responsables.
Inicialmente, la recompensa fue fijada en 50 millones de pesos, pero fue duplicada tras una reunión de seguridad convocada por Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, como parte de los esfuerzos conjuntos para enfrentar la violencia en la región.
