El organismo asegura cumplir con todos los principios de transparencia y pide intervención de entes de control para dar tranquilidad al país.
El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) ha estado en el ‘ojo del huracán’ debido a señalamientos sobre presuntas irregularidades en sus procesos de contratación. Las denuncias, reveladas por el diario El Espectador, apuntan a un presunto tráfico de influencias y contratos con compañías relacionadas con posibles casos de corrupción, según ha señalado el sindicato del instituto.
En respuesta a estas acusaciones, el Icfes, bajo la dirección de Elizabeth Blandón, ha asegurado que «cumple y cumplirá todos los principios de Planeación y Publicidad exigidos, realizando la gestión contractual de manera transparente, oportuna y pública, como se puede corroborar en el sistema electrónico de contratación pública Secop II». Además, el organismo enfatizó que toda su contratación se ajusta a las normativas vigentes y que «nunca» ha recibido notificación alguna de entes de control.
Sin embargo, un medio de comunicación nacional consultó con diversas fuentes, tanto activas como desvinculadas del Icfes, quienes aludieron a posibles irregularidades en la contratación. “Varios contratos suenan a ‘algo ilegal’, pero nadie lo dice”, comentó una de las fuentes consultadas. También se mencionaron despidos abruptos en el mes de mayo, describiendo situaciones donde “simplemente, un día tenían trabajo y, al siguiente, ya no”.
A estas inquietudes se suma un aumento en la presión sobre los colaboradores, incluyendo horarios estrictos para contratistas y un ambiente de «sometimiento», según reveló otra fuente anónima. Estas declaraciones reflejan un clima laboral tenso dentro del instituto.
Frente a estos señalamientos, el Icfes ha solicitado la intervención de los entes de control “cuanto antes” para “darle tranquilidad” al país. En su defensa, la entidad reafirma que sus contratos son “transparentes y objetivos”, y que todos los procesos han sido sometidos a estudios de mercado, cumpliendo con los requisitos establecidos para garantizar la legalidad y transparencia.
Este escenario pone de relieve la necesidad de una revisión detallada y objetiva de las prácticas de contratación dentro del Icfes, así como la importancia de mantener la confianza pública en las instituciones encargadas de evaluar y garantizar la calidad de la educación en Colombia.
