Las interceptaciones ilegales de comunicaciones vuelven a ser foco de controversia en Colombia. Un magistrado de la Corte Constitucional denuncia ser víctima, generando tensión y dudas sobre el manejo de la inteligencia estatal.
En Colombia, el término “chuzada” se refiere a la interceptación ilegal de las comunicaciones de alguien, generalmente personas con poder o en oposición. Este término se popularizó durante el gobierno de Álvaro Uribe, cuando la inteligencia estatal espió a opositores, incluido el actual presidente Gustavo Petro. Estas denuncias continuaron en los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque, y ahora han alcanzado al gobierno de Petro.
El magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, denunció recientemente que tanto él como su familia y magistrados auxiliares están siendo interceptados ilegalmente por organismos de inteligencia del gobierno. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) también ha señalado estar en similares circunstancias.
El presidente Gustavo Petro se defendió, asegurando que desde el inicio de su gobierno ordenó no utilizar la inteligencia estatal para espiar a la oposición o a la justicia. Además, acusó a “grupos nazis” y a la “extrema derecha” de estar detrás de estas interceptaciones ilegales. Petro afirmó que los organismos de inteligencia de su gobierno no cuentan con los equipos para realizar dichas tareas.
La reacción del presidente ha sido criticada. Se esperaba que, como Jefe de Estado, se comprometiera a respetar la independencia judicial y a colaborar con las investigaciones para sancionar a los responsables. Este hecho pone en riesgo la autonomía judicial y el equilibrio de poderes, un tema que ya había afectado a Colombia en el pasado, llevando a la disolución del DAS.
La inteligencia estatal debe servir para investigar delitos y garantizar la seguridad del Estado, activándose solo por orden judicial. El uso indebido de la inteligencia es considerado una forma de tortura mental y emocional, según Naciones Unidas, como ocurrió con las “chuzadas del DAS”.
El país debe unirse para respetar la independencia judicial y apoyar a las víctimas de estas prácticas ilegales. Es crucial que las investigaciones avancen con rapidez y se sancione a los responsables.
En medio del escándalo, se confirmó la salida del coronel retirado Edwin Chavarro, director de Contrainteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Carlos Ramón González, director de la DNI, explicó que la salida de Chavarro se debió a investigaciones internas y señalamientos de altos magistrados.
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez de la Corte Constitucional fue el primero en denunciar las escuchas ilegales, afirmando que sus comunicaciones, especialmente su teléfono celular, han sido intervenidas por organismos de inteligencia oficial sin autorización judicial. Estas operaciones involucran a la Presidencia, la Dirección Nacional de Inteligencia, la Dian y la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Desde las denuncias, el gobierno ha minimizado los hechos, reduciéndolos a rumores y noticias falsas difundidas por cadenas de WhatsApp. Petro ha comparado la situación con tácticas del régimen Nazi, intentando desacreditar las denuncias como intentos de debilitar su gobierno.
