Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos denuncia abusos y exige intervención estatal.
La Liga Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios (USPD) ha emitido un comunicado denunciando las acciones de la empresa AIR-E, distribuidora y comercializadora de energía eléctrica en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Según el comunicado, AIR-E amenaza con recortar el servicio de energía a más de 25.000 usuarios en las llamadas Áreas Especiales, que incluyen barrios subnormales, zonas de difícil gestión y sectores rurales atrasados en Atlántico, si no cancelan facturas que no han sido auditadas ni depuradas.
La empresa invoca un artículo del Decreto 0111 de 2012 para justificar sus acciones, alegando que los usuarios de municipios como Malambo, Sabanagrande, Luruaco, Piojó y Repelón deben abultadas sumas de dinero. De no cancelar estas facturas prontamente, se les recortará entre cinco y siete horas de luz al día. Esta situación ha generado indignación y varias preguntas: ¿Qué autoridad competente ha avalado los consumos y elevados cobros que no han sido auditados ni depurados? ¿Por qué se les va a cortar la energía a los usuarios que ya han pagado? ¿Por qué se viola abiertamente la Sentencia T-793 de la Corte Constitucional de 2012, que protege a las personas vulnerables de cortes de servicio eléctrico?
El comunicado de la USPD, firmado por Norman Alarcón Rodas, Coordinador Región Caribe, y Arnold Tejeda, Coordinador Atlántico, señala que estas acciones de AIR-E «violan flagrantemente el debido proceso en términos legales y constitucionales». Los usuarios afectados habitan en algunos de los municipios más vulnerables de Atlántico y ya sufren un abandono estatal significativo. La USPD llama a las autoridades nacionales y locales a intervenir para evitar estos «tamaños despropósitos» y mejorar la infraestructura eléctrica, que consideran una de las peores del país.
Además, el comunicado subraya que los procederes de AIR-E chocan abiertamente con el ordenamiento jurídico de Colombia y que las autoridades no deben cohonestar con estas acciones, sino actuar en defensa de los derechos de los usuarios vulnerables. La Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos insta a la comunidad y a los gobiernos a respaldar a estos usuarios y asegurar que se respeten sus derechos constitucionales.
Este es el comunicado de la USPD: