En la capital boliviana, La Paz, se vio sumida en una tensión palpable el miércoles, cuando el comandante general del Ejército, Juan José Zúñiga, hizo una amenaza explícita de tomar el control de la sede del Gobierno. Esta escalada se produjo en medio de un tumulto que incluyó la presencia de soldados disparando gases lacrimógenos frente a la Asamblea Legislativa en la Plaza Murillo.
El presidente boliviano, Luis Arce, alertó sobre un despliegue «irregular» de tropas en la ciudad, levantando preocupaciones de un posible golpe de Estado. Imágenes transmitidas en directo mostraron vehículos blindados chocando contra las puertas del Palacio Quemado, mientras Arce instaba a respetar la democracia en un mensaje público.
El ex presidente Evo Morales denunció los movimientos militares como un golpe «en ciernes», intensificando aún más la crisis política en el país. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, calificó la entrada de los tanques en la capital como un intento de golpe de Estado y llamó a los bolivianos a defender la democracia.
Líderes regionales y globales expresaron su indignación ante estos eventos. La Organización de Estados Americanos y varios líderes latinoamericanos condenaron enérgicamente cualquier intento de alterar el orden constitucional en Bolivia. El alto representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, afirmó la solidaridad de la Unión Europea con el Gobierno y el pueblo boliviano, rechazando cualquier acción que amenace la estabilidad democrática del país.
Bolivia, con una población de 12 millones de habitantes, enfrenta además una crisis económica que ha exacerbado las tensiones políticas internas. La situación se desarrolla en medio de divisiones significativas dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido gobernante, mientras se acercan las elecciones de 2025.
