Las disputas entre taxistas y conductores de Indriver se intensifican, acusaciones de corrupción y llamados a la Corte Constitucional para resolver la legalidad del transporte informal.
En Barranquilla, la disputa entre taxistas y conductores de la plataforma Indriver ha escalado a niveles alarmantes. Detrás de un aparente orden, se esconde una problemática profunda que afecta a los usuarios del transporte público, pero también a los conductores en general. Se acusa a las autoridades de utilizar la situación para «sacar plata de un problema que tiene la ciudad», lo cual no es la forma adecuada de gobernar. Esta situación podría desembocar en una batalla campal, advierten algunos ciudadanos.
Los videos y fotos que circulan muestran cómo taxistas están colaborando con la policía para emboscar a los conductores de Indriver. «Mire, aquí están las fotos de los taxistas que están llamando a los Indriver para boletearlos con la policía», denuncian. Las detenciones se realizan bajo el argumento de que se trata de una infracción de transporte, ya que el servicio de Indriver no está legalizado. La diferencia entre lo legal y lo legítimo se convierte en un punto central del debate.
La Corte Constitucional ha dictaminado que, aunque el servicio no es legal, sí es legítimo, debido al alto desempleo e informalidad en la ciudad. «La Corte Constitucional dice que ellos son legítimos y que los legitima que haya desempleo y que haya informalidad y que ellos están pasando hambre», señalan.
Sin embargo, las autoridades locales están actuando de manera que algunos consideran injusta y lucrativa. «El taxista se pone a coger a su hermano que está llevando la comida para la casa y viene y se presta para la finalidad del distrito», afirman, señalando que las sanciones y multas son una forma de lucrarse con el dolor ajeno.
Las consecuencias para los conductores de Indriver son graves. A muchos les han retenido sus vehículos por meses, dejándolos expuestos a las inclemencias del tiempo y al deterioro. «Hay personas que tienen tres meses con el carro allá, hay personas que tienen cinco meses con el carro allá, les detienen el carro y no se lo sueltan», denuncian, calificando estas acciones como canalladas.
En medio de esta tensión, los ciudadanos exigen un gobierno que actúe de manera justa y transparente, utilizando los recursos para solucionar los problemas en lugar de enriquecerse. «No puede haber un gobierno que actúe de esa manera delincuencial con una finalidad de lucrarse de un problema que ellos están obligados a solucionar», concluyen, haciendo un llamado a la Corte Constitucional para que intervenga y ponga fin a estas prácticas.
