El proyecto de resolución busca aliviar la carga tarifaria de los estratos 1, 2 y 3 mediante ajustes en la recuperación de saldos de la opción tarifaria y renegociación de contratos.
El Ministerio de Minas y Energía ha presentado un proyecto de resolución con el objetivo de reducir las tarifas de energía eléctrica para los usuarios regulados del servicio. Esta iniciativa, que aún no ha sido firmada, se basa en varias disposiciones legales, incluyendo el artículo 2 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 4 de la Ley 143 de 1994, y aborda aspectos fundamentales de la prestación y regulación de los servicios públicos domiciliarios.
La Constitución Política de Colombia establece que los servicios públicos son esenciales y deben ser regulados, controlados y vigilados por el Estado para asegurar su prestación eficiente y continua. El artículo 365 de la Constitución enfatiza la finalidad social del Estado en la prestación de estos servicios, mientras que el artículo 370 delega al Presidente de la República la responsabilidad de establecer las políticas generales para la administración y el control de la eficiencia de los servicios públicos domiciliarios.
De acuerdo con la Ley 142 de 1994, el Estado interviene en los servicios públicos para garantizar la competencia y evitar el abuso de posición dominante. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) tiene la responsabilidad de regular los monopolios en la prestación de estos servicios, promover la competencia y asegurar que las operaciones sean económicamente eficientes y no impliquen abuso de poder.
El proyecto de resolución también considera las necesidades específicas de los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, quienes según la Ley 142 de 1994 son considerados de menores ingresos y reciben subsidios en sus tarifas de energía. Para estos usuarios, se plantea que el costo asociado con la recuperación del saldo de la opción tarifaria (COT) sea igual a cero, lo que podría aliviar significativamente su carga económica.
Además, se propone que los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, así como los no residenciales, vean diferido el cobro de la COT, lo que permitiría un alivio gradual en sus facturas. La renegociación de contratos de largo plazo y la reducción de costos de transporte de energía son otras medidas incluidas en el proyecto, las cuales buscan ajustar los precios e indexadores para reducir el costo de prestación del servicio.
El Ministerio de Minas y Energía ha llevado a cabo mesas de trabajo con diferentes actores del mercado de energía, incluyendo agremiaciones y representantes de usuarios, para generar alternativas y definir políticas en relación con el marco normativo de tarifas de energía eléctrica. En especial, se ha puesto énfasis en la región Caribe, donde se concentra un problema significativo de alza en el costo de la energía.
El proyecto de resolución también contempla una línea de crédito directo de hasta un billón de pesos, creada por el Decreto 268 de 2024, para brindar liquidez a las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica. Sin embargo, a pesar de estas medidas, los usuarios regulados de los estratos 1, 2 y 3 siguen enfrentando aumentos en el componente CU de la tarifa debido a la aplicación de la Resolución CREG 101 028 de 2023.
Las medidas establecidas en el proyecto tendrán un periodo de aplicación de seis meses y el Ministerio de Minas y Energía podrá informar sobre la prórroga o la terminación anticipada de su aplicación según el análisis de la situación tarifaria de los usuarios y la situación financiera de las empresas de prestación del servicio.
Este es el proyecto:
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