Fabio Arias apoya medidas del gobierno Petro para fortalecer derechos laborales mediante decretos ante la inacción del Congreso.
En un contexto de reformas laborales estancadas en el Congreso, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), ha expresado su respaldo a los posibles decretos que el gobierno de Gustavo Petro podría emitir para regular aspectos de la reforma laboral que no lograron aprobación legislativa. Arias sostiene que es viable y necesario que el Ejecutivo actúe mediante decretos para abordar temas críticos relacionados con los derechos colectivos como la negociación, la asociación y la huelga.
«Aunque preferiríamos que estos derechos se establecieran como normas permanentes, la expedición de decretos es una alternativa válida ante la inacción del Congreso para reconocer estos derechos», afirmó Arias. Destacó que la implementación de estos decretos permitirá abordar problemas como la precarización derivada de la tercerización laboral ilegal.
El líder sindical subrayó que estos derechos colectivos son compromisos adquiridos por Colombia en el marco de la entrada a la OCDE, los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y las recomendaciones de la OIT. «Todos los empresarios de Colombia exigieron en su momento que se cumpliera con esas obligaciones. Por lo tanto, no tienen derecho a negar que esto debe ser legislación nacional, ya sea por ley en el Congreso o por decreto», concluyó Arias.
La propuesta del gobierno, revelada el 25 de junio, busca regular aspectos clave de la reforma laboral no aprobada por el Congreso, con el objetivo de fortalecer los derechos sindicales, regular la negociación colectiva, limitar la tercerización ilegal y modernizar el derecho de huelga. El Ministerio del Trabajo, mediante una carta y seis proyectos de decreto, está impulsando estas reformas que tienen el potencial de transformar significativamente las relaciones laborales en Colombia.
Edwin Palma, viceministro del Trabajo, presentó al presidente Gustavo Petro una propuesta para reformar el decreto único 1072 de 2015, que compiló todas las normas laborales reglamentarias. La propuesta incluye disposiciones para democratizar las relaciones laborales y reducir la desigualdad, alineándose con las normativas constitucionales y los convenios internacionales.
Esta iniciativa es vista como un paso crucial para regular la negociación colectiva en el sector privado y modernizar el derecho de huelga, siguiendo estándares internacionales y directrices de la Corte Constitucional. La respuesta del gobierno a la inacción del Congreso refleja un compromiso con la mejora de los derechos laborales y la justicia social en el país.
