En un fallo de primera instancia, el Consejo de Estado, bajo la dirección del magistrado César Palomino Cortés, ha rechazado la solicitud de pérdida de investidura contra once congresistas colombianos. Estos legisladores fueron acusados de participar en una donación organizada por la Gobernación de Antioquia para financiar proyectos de infraestructura vial conocidos como ‘4G’.
El fallo responde a una solicitud que argumentaba que la participación de los congresistas constituía la celebración de un contrato a título gratuito, lo cual estaría prohibido por la legislación que regula las actuaciones de los legisladores con entidades estatales.
El Consejo de Estado determinó que no se configuró un contrato en sentido estricto, ya que no hubo un consentimiento explícito por parte de los legisladores para tal efecto. Además, no se encontraron pruebas de que los congresistas hubieran intervenido de manera directa o indirecta en la celebración del contrato, ni que hubieran obtenido beneficios personales o favorecido a terceros específicos.
La decisión subraya que la prohibición de celebrar contratos con organismos estatales busca proteger el interés general y evitar el uso indebido de la investidura parlamentaria. En este caso, el Consejo de Estado concluyó que el aporte de los congresistas estaba dirigido hacia proyectos de beneficio comunitario y no vulneraba el marco legal establecido.
Este fallo representa un punto de referencia importante en la interpretación de las normativas que regulan las acciones de los legisladores en Colombia, destacando la importancia de la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos en el ejercicio de la función legislativa.
