La Presidencia de la República anunció pesquisas, luego de que se conociera una denuncia realizada por el magistrado títular de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, por presuntas “chuzadas” a sus comunicaciones.
Respecto a la denuncia que ha levantado una polvareda en la esfera política nacional, la Presidencia de la República a través de un comunicado a la opinión pública, señaló: “desde que se hicieron públicas las denuncias sobre una supuesta operación de perfilamientos e interceptaciones, se solicitó una investigación a control interno y a control interno disciplinario de la entidad con el objetivo de determinar circunstancias irregulares en los procesos y procedimientos que correspondan a las oficinas de Secretaría para las Comunicaciones y Prensa, y la Dirección de Tecnología de la Presidencia de la República”, señalaron.
Así mismo, desde el Ejecutivo precisaron que además, se estableció contacto formalmente con las autoridades competentes para ponerse a disposición en el marco de la investigación en curso.
En el documento, aclararon también que las actividades de la Dirección de Tecnología y la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa “no incluyen prácticas como perfilamiento, seguimiento ni interceptación, todas ellas absolutamente condenables en una democracia. Este gobierno ha sido víctima en el pasado de tales actividades y se opone firmemente a ellas”, anotaron.
Finalmente, precisaron que el presidente Gustavo Petro ha sido enfático en que este tipo de hechos no son permitidos, “son totalmente ilegales y cualquier funcionario que se vea involucrado en alguna de estas prácticas deberá responder ante la justicia”.
“La Presidencia de la República está comprometida con proporcionar toda la información necesaria de manera transparente y rápida para aclarar estos hechos”, concluyeron.
Sobre el particular, el presidente de la República Gustavo Petro Urrego a través de sus redes sociales negó las denuncias y atribuyó la práctica de las “chuzadas” a gobiernos pasados.
“Desde el primer dia de gobierno la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o cortes. He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecusión del gran crímen”, anotó.
Según lo explicó, en inspección a la DNI, se encontró que no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servivios de telefonía privada. “Este gobierno no hace lo que si hicieron otros en el pasado”, recalcó.
Al respecto, también se pronunció la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la cual solicitó celeridad en las investigaciones por la importancia de la denuncia.
Por medio de un documento de conocimiento público, la máxima autoridad del sistema disciplinario de la Rama Judicial, precisó que rechaza de manera contundente cualquier acto de “presión, intimidación o intervención ilegal en contra de la justicia, y en este caso específico en contra de los magistrados de la Corte Constitucional”.
En esa línea, hicieron un llamado para que las investigaciones anunciadas por la Fiscalía General de la Nación establezcan lo más pronto posible el origen y responsabilidades alrededor de esas circunstancias lamentables.
Finalmente, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial exhortó a todos los sectores de la sociedad y el poder público en Colombia para que se garantice la independencia y seguridad de la Rama Judicial y todos sus integrantes, quienes tienen la misión de proteger la democracia y los derechos de los ciudadanos a través de la constitución y las leyes.
Como era de esperarse, los congresistas de la República también reaccionaron, uno de ellos, el senador por Cambio Radical David Luna Sánchez, quien precisó: “no es paranoia. Están repitiendo los errores y crímenes del pasado. Hoy con certeza se puede hablar del peor gobierno de la historia de este país: chuzadas, corrupción y clientelismo en niveles insospechados. Vamos a proteger nuestra democracia con la ley y llegaremos al fondo de toda esta podredumbre”, manifestó.
Recientemente, también se pronunció la Fiscalía General de la Nación, negando las versiones según las cuales el ente acusador habría filtrado el documento de la denuncia.
“Frente a la gravedad de los hechos puestos en su conocimiento, al recibir esta semana en la Corte Constitucional la denuncia sobre presuntas interceptaciones y seguimientos ilegales a uno de los despachos de sus magistrados, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, ordenó iniciar la investigación correspondiente de forma inmediata en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia”, se aclaró en el documento.
En esa línea, señalaron que dispusieron
todos los recursos al alcance de la entidad, para avanzar con celeridad y rigor en los actos investigativos que permitan establecer los alcances y el impacto de la delicada situación denunciada el pasado miércoles.
“Teniendo en cuenta que nuestra política de comunicación es informar a la ciudadanía de manera clara, oportuna y transparente, en condiciones de igualdad a todos los medios de comunicación, la Fiscalía General de la Nación rechaza categóricamente cualquier insinuación de filtración deliberada o indebida que afecte la seguridad, protección e integridad tanto de los denunciantes y sus familias, como de las investigaciones que por naturaleza deben ser reservadas. Es falso que el despacho de la Fiscal General de la Nación haya divulgado el documento suscrito por uno de los magistrados de la Corte Constitucional”, anotaron.
