Estado podría enfrentar millonaria condena por retención del militar relacionado con el Palacio de Justicia.
La Procuraduría respalda la petición del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega de ser indemnizado con casi 8.000 millones de pesos debido a su detención entre 2007 y 2015 por su vinculación con los casos de desapariciones del Palacio de Justicia.
Según el organismo, existen fundamentos para responsabilizar al Estado por una detención que consideran «injusta», basándose en una imputación por falla en el servicio, lo cual califican como una medida de privación de la libertad inapropiada.
«La medida de privación de la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada y arbitraria, configurando un daño antijurídico. Por lo tanto, deben aceptarse favorablemente las demandas para declarar responsables a las entidades demandadas por esta privación injusta de la libertad», cita el documento de la Procuraduría.
Los abogados de Plazas Vega buscan que el Estado, la Rama Judicial y la Fiscalía sean responsabilizados por los perjuicios causados debido a esta detención irregular, que afectó tanto material como moralmente al coronel y a su entorno cercano, además de su salud.
El caso judicial contra Plazas Vega se originó el 7 de noviembre de 1985, cuando participó en la operación para retomar el Palacio de Justicia tras la toma por parte del M-19. Fue acusado de secuestro agravado y desaparición forzada de empleados del lugar, basándose en la declaración de un testigo cuya versión no fue corroborada.
Inicialmente acusado de once desapariciones, posteriormente fue absuelto en 2015, lo que refuerza la reclamación de la Procuraduría sobre el daño antijurídico sufrido por Plazas Vega y su derecho a ser indemnizado.
