Aurelio José Castilla Gregory, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Chiquinquirá en el suroccidente de Barranquilla, ha levantado una voz de alarma ante una decisión que podría tener serias repercusiones para la investigación en curso sobre la regulación de tarifas de energía en la región Caribe colombiana.
En una carta dirigida a las autoridades competentes, Castilla expresó su preocupación por el intento de trasladar la investigación actualmente llevada por la Fiscalía 60 Seccional de Barranquilla a la Unidad Nacional de Anticorrupción en Bogotá. Según sus declaraciones, dicho traslado podría resultar en la dilación o incluso en el archivo del caso en una jurisdicción distante de los hechos, lo cual podría perjudicar gravemente a la comunidad afectada por los altos costos de la energía.
Desde marzo de 2024, la Fiscalía de Barranquilla ha estado investigando una denuncia por prevaricato por omisión contra Omar Fredy Prias Caicedo, Director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Según la denuncia, Prias habría incumplido sus obligaciones establecidas en las Leyes 142 y 143 de 1994, contribuyendo así a los elevados precios de la energía que afectan principalmente a los usuarios de estratos 1, 2 y 3 en la región Caribe.
En palabras recientes, Castilla destacó el compromiso y la dedicación de los funcionarios de la Fiscalía 60 de Barranquilla en el manejo del caso: «Hemos visto cómo los funcionarios de esta fiscalía han trabajado con gran dedicación y seriedad, logrando avances importantes en la investigación». Cualquier cambio en la sede de la investigación, advirtió, podría interrumpir el progreso alcanzado hasta ahora.
El posible traslado ha generado inquietud entre los habitantes del Caribe colombiano, quienes temen que una mudanza del caso a Bogotá pueda resultar en el archivamiento del mismo. «Nos tememos que los cachacos quieran engavetar el proceso y evitar que la investigación avance, ocultando los hallazgos importantes que ya se han descubierto aquí en Barranquilla», afirmó Castilla.
Castilla subrayó las razones cruciales para mantener el caso en Barranquilla:
- La diligencia demostrada por la Fiscalía local en la investigación.
- La proximidad al impacto directo de los altos precios de la energía en los residentes de la Costa Caribe.
- El temor justificado de que el caso podría no recibir la atención necesaria en Bogotá.
- La confianza en los funcionarios locales para manejar el caso de manera justa y transparente.
En nombre de la comunidad de Chiquinquirá y de los afectados por la crisis energética, Castilla hizo un llamado urgente a las autoridades para asegurar que la investigación permanezca en Barranquilla.
«Necesitamos que la investigación continúe aquí, donde se han realizado los mayores esfuerzos y donde podemos garantizar que nuestros intereses serán protegidos», concluyó el líder comunal.
