Ley en Colombia establece responsabilidad económica de hijos hacia padres en vejez y precariedad.
En Colombia, existe una normativa que obliga a los hijos a contribuir económicamente con sus padres en ciertas circunstancias, tanto para padres biológicos como adoptivos y padrastros. Esta responsabilidad se activa cuando los padres llegan a la vejez y se encuentran en situación de necesidad.
Durante la infancia y la adolescencia de los hijos, es deber legal de los padres mantenerlos hasta los 18 años, y hasta los 25 años si están estudiando. Sin embargo, cuando los padres envejecen y enfrentan precariedad económica, los hijos están obligados a asegurarles necesidades básicas como alimentación, vivienda, vestimenta y atención médica.
El incumplimiento de esta obligación puede acarrear consecuencias legales severas para los hijos, incluyendo multas y hasta prisión, según lo estipula la Ley 1850 de 2017, que penaliza el abandono y la negligencia hacia los adultos mayores.
El abogado Elkyn Arnaldo Rodríguez Jiménez, asociado de Rodríguez Rubio Abogados S.A.S., destaca que cuando un progenitor se encuentra en condiciones adversas, los hijos tienen la obligación legal de colaborar económicamente para garantizar su bienestar y respetar sus derechos fundamentales.
El Ministerio de Justicia subraya la importancia de llegar a un acuerdo sobre la cuota alimentaria para adultos mayores que no pueden satisfacer por sí mismos sus necesidades básicas. «Es recomendable buscar un consenso entre el adulto mayor y los familiares responsables, como hijos, nietos, hermanos o cónyuges», explica la entidad.
Este acuerdo puede ser formalizado mediante diversos mecanismos de conciliación, como el Comisario, el Defensor de Familia, centros de conciliación, notarías, conciliadores en equidad o la Defensoría del Pueblo, facilitando un proceso justo y equitativo para ambas partes.
Es importante recordar que una persona es considerada adulto mayor al cumplir los 60 años, y que el incumplimiento de la cuota alimentaria puede ser constitutivo del delito de inasistencia, según lo establece la legislación vigente.
