Por GREGORIO TORREGROSA P.
Quienes con una envidiable capacidad de astucia empresarial han depredado durante mucho tiempo las arcas del Estado, sin dejar atrás el apetito por esquilmar los bolsillos de los demás ciudadanos, a través de la ejecución o puesta en marcha de sus grandes proyectos productivos, ya sean de naturaleza industrial, comercial o contractual, bajo el amparo de una dudosa legalidad en términos de moralidad, hoy no están muy contentos. La razón: la reforma pensional les ha amargado parte de la jugosa torta llamada fondos pensionales. Ya no les sabrá igual.
Y más allá de cuál sea el desarrollo del objeto social de cada uno de los muñecos mercantiles de los “empresarios de cuello blanco”, lo único cierto es que siempre se han sentado a la mesa con los dados cargados, pues obtienen las mejores ventajas al establecerse las reglas de juego. Así ha sucedido, y sigue sucedido, con las concesiones de los puertos, carreteras, aeropuertos, telefonía celular, servicios públicos, EPSs, minería, mega obras públicas y, por supuesto, los fondos de pensiones.
La reforma pensional aprobada después de un rudo forcejeo de intereses, muchos de ellos inconfesables, es un nuevo barajar con naipes recién hechos, a favor de los sectores más deprimidos, de los ene-ene, los que no cuentan sino el día de las elecciones, de allí que los tahúres de siempre en esta clase de juegos, y muchos de los crupieres, talladores o repartidores, como también se les conoce, digamos, algo así como una Katherine Miranda Peña en la Cámara de Representantes, no se sientan contentos, entre muchos otros Luis Carlos Sarmiento Angulo, propietario del fondo privado Porvenir, el más grande, con el 46.3% del ABA, (Activo Bajo Administración), y quien, tal vez, con maligna audacia o magistral desempeño en las curvas sinuosas del poder, ha sabido copar los puestos privilegiados, pues, sin patentar ningún invento a lo Bill Gates, Elon Musk o Jeff Bezos, pasó de ser un modesto ingeniero civil, pobre y humilde, a convertirse en el magnate más rico de Colombia.
Que no se ofusque la opinión pública con los cantos de sirena que con agudo silbido encantador emiten los medios de comunicación en contra de la reforma pensional, haciéndole el favor a don Luis Carlos Sarmiento, y menos, que no la confundan con la reforma laboral. El verdadero quid del asunto está, y por ello la razón de ser de la reforma, en desempoderar a los 4 fondos privados existentes en Colombia: Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia de los 405.6 billones de pesos que corresponden al monto del recaudo, que por concepto de cotización a la pensión han generado los 19.1 millones de afiliados a los fondos privados, cifra descomunal y desproporcionada frente a la pírrica de 6.7 billones de pesos que maneja la entidad oficial del Estado colombiano, representada en Colpensiones, y que obtiene de los 6.808.772 de sus afiliados, equivalente a 1/3 de los de los fondos privados, lo que demuestra cero proporcionalidad en captación de recursos.
Es decir, mientras los afiliados a Colpensiones representan un 35% de respecto a los vinculados a los fondos privados, apenas obtiene el 1,65% de lo que recaudan estos. Aberrante.
Tener la posibilidad de disponer a discreción de 405.6 billones sin tener que rendirle cuentas a nadie, sino después de 25 a 30 años, por ser este el tiempo promedio que debió transcurrir entre la creación de los fondos privados (junio de 1993) y el advenimiento del primer pensionado por cuenta de sus aportes, constituye un capital de apalancamiento para la adquisición por ejemplo, del Grupo Aval, que por casualidad se creó en 1994, para ser el socio ideal de Odebrecht, para resultar favorecido en todas las licitaciones de mega obras civiles en Colombia y otras tantas en el extranjero; para adquirir el periódico El Tiempo, o para financiar a muchos congresistas y candidatos a la presidencia de la república. $405.6 billones alcanzan, y sobra, para eso y mucho más, hasta para financiar muchas Katherines, como la vociferante representante, que por poco rompe en llanto cuando se aprobó la reforma.
La perversidad de los fondos privados de pensiones no estriba, como tal, en la espantosa fuente de riqueza en que se han convertido, de por sí cuestionable por las maniobras torticeras que se articulan para su obtención que, como una especie de efecto dominó a la inversa, convierte a los detentadores del negocio en magnates de reconocimiento internacional. No, ella está en el preconcebido propósito de no cumplir con la misión que inspiró la creación de estos: otorgar pensiones, y esto sucede a partir del momento en que una política de bienestar del Estado, como lo es la seguridad social, lo que implica la pensión como protección en la vejez, es delegada en los particulares con afán de lucro, quienes convierten el asunto en un tema de mercado de valores financieros y especulaciones, es decir en un negocio en donde lo que menos importa es reconocer pensiones.
Las cifras hablan por sí solas, de 1.974.826 pensionados que existen en Colombia, 1.654.153 lo son por cuenta de Colpensiones, la entidad del Estado, y solo 320.673 por cuenta de los fondos privados, cuando uno de los grandes motivos que originó la creación de los fondos fue la ampliación de la cobertura (más pensionados), y acontece que en 30 años esta ha tenido un crecimiento exiguo del 4%. Queda claro que el propósito no es reconocer pensiones, sino obtener pingües ganancias y eso se evidencia en la tasa de reemplazo, la cual corresponde al porcentaje que, de su sueldo, promediando los últimos 10 años, finalmente recibe el pensionado. Mientras, Colpensiones reconoce entre el 65 al 70%, y en algunos casos el 80%, no se vaya de espaldas, pero agárrese, los fondos privados apenas el 32%.
Eso es un atraco a “ley armada”, que nos recuerda un viejo chiste español referido a los bancos, que para la ocasión vale la adaptación: Asaltar o atracar un fondo privado de pensiones es un delito grave, pero más delito es concertarse para crearlo.
