Crisis en el Catatumbo por desfinanciación de planes de sustitución de cultivos ilícitos

Reunión entre cocaleros y autoridades en Norte de Santander, buscando acercamientos con el Gobierno Nacional. // Foto: Captura de pantalla.

En Cúcuta, continuaron las conversaciones entre líderes campesinos y representantes del gobierno nacional sin alcanzar acuerdos que puedan mitigar la compleja crisis en el Catatumbo, una problemática persistente desde hace varios años.

Los temas centrales de estas negociaciones incluyen la asistencia humanitaria a las comunidades afectadas, la seguridad de los líderes sociales y campesinos frente a grupos armados, y los escasos avances en los programas de sustitución de cultivos ilícitos, que han sido gravemente afectados por la desfinanciación.

El presidente Gustavo Petro recientemente mencionó la falta de fondos para los programas post acuerdo de paz, indicando que los recursos necesarios fueron desviados hacia contratos de concesión de autopistas 4G, lo cual ha exacerbado la situación en regiones como el Catatumbo.

Olger Pérez de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat), expresó su preocupación por la falta de respuesta urgente del Gobierno ante las necesidades de las comunidades campesinas. Según Pérez, esta situación podría llevar a un aumento en la siembra de coca si no se implementan medidas efectivas pronto.

«Hace más de dos años le venimos diciendo al gobierno que en la zona las personas están pasando dificultades por no avanzar en los planes de sustitución, es una emergencia social, alimentaria y humanitaria; el gobierno tenía que aprovechar esta coyuntura para superar la crisis de la droga en el país y no fue posible», declaró Pérez.

La Asuncat ha instado al gobierno nacional a crear un nuevo programa de sustitución de cultivos ilícitos en colaboración directa con las comunidades locales, quienes conocen de primera mano las necesidades y realidades de la región.

El incumplimiento del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos ha sido evidente en el Catatumbo, donde solo el 3% de las familias cultivadoras de coca en Norte de Santander han sido beneficiadas de manera parcial, subrayando la urgencia de una intervención efectiva por parte del gobierno.