El Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado ordenan el nombramiento de seis comisionados para fortalecer la seguridad jurídica y técnica en el sector energético.
Este jueves 20 de junio, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios emitió el Oficio 567 dirigido al Presidente de la República, Gustavo Petro, y a otros altos funcionarios del gobierno, solicitando el cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y confirmada por el Consejo de Estado. Esta sentencia responde a una acción de cumplimiento presentada por Gilberto Blanco Zúñiga contra la Presidencia de la República.
La sentencia, dictada el 25 de enero de 2024, ordena «acceder a las pretensiones de cumplimiento del literal d) del artículo 44 de la Ley 2099 de 2021». Esto implica la necesidad de que «dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de la sentencia, se realicen las acciones y gestiones necesarias para integrar la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) con seis (6) expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva, nombrados por el presidente de la República para períodos de cuatro (4) años».
El Consejo de Estado, en sentencia del 2 de mayo de 2024, confirmó la decisión del Tribunal y declaró «la falta de legitimación en la causa por pasiva del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República».
En cumplimiento de su deber de «velar por el cumplimiento de las decisiones judiciales y normas jurídicas constitucionales, legales y reglamentarias», la Procuraduría ha insistido en la necesidad de estos nombramientos para fortalecer la seguridad jurídica y técnica en la toma de decisiones en materia energética.
La Procuraduría ha solicitado que se remitan los actos administrativos de nombramiento de los seis expertos, así como las gestiones realizadas para dichos nombramientos, incluyendo las constancias de publicación de las hojas de vida de los designados. Esta información debe ser enviada a más tardar el 26 de junio de 2024 al correo electrónico de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios.
La carta concluye subrayando la importancia de esta designación para la «defensa de la seguridad jurídica y técnica» en el sector energético del país, reiterando que el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia venció el día anterior.
Este es el documento: