En Santa Marta, ha surgido una fuerte controversia después de que al parecer se anunciara que la nueva Tasa de Seguridad se incluirá en las facturas mensuales de energía eléctrica emitidas por la empresa de servicios públicos, Air-e. Esta medida tiene como objetivo financiar iniciativas para mejorar la seguridad ciudadana en la ciudad.
La decisión ha generado preocupación entre los residentes y comerciantes locales, quienes cuestionan la equidad y la transparencia del nuevo sistema de cobro. Muchos argumentan que cargar esta tarifa sobre el consumo de electricidad podría afectar desproporcionadamente a los hogares de bajos ingresos y a la población vulnerable.
Además, se han levantado críticas sobre la conexión política de esta medida, sugiriendo que podría estar influenciada por compromisos políticos locales. Esto ha aumentado la desconfianza pública y ha alimentado especulaciones sobre la gestión de fondos públicos destinados a la seguridad.
Por su parte, el alcalde Carlos Pinedo insiste en defender la iniciativa como una respuesta necesaria para abordar el incremento de la criminalidad en la ciudad. Pese a las crecientes preocupaciones, Pinedo anunció la asignación de $42 mil millones de pesos para fortalecer la seguridad en Santa Marta, incluyendo la activación de cámaras de seguridad, dotación tecnológica para la Policía, y programas de seguridad preventiva.
Sin embargo, las críticas persisten, con llamados a una mayor claridad sobre cómo se gestionará y fiscalizará el uso de los fondos recaudados a través de esta tasa. Los residentes y líderes comunitarios esperan que las autoridades ofrezcan más detalles sobre el impacto real de esta medida en la seguridad y en la economía de la ciudad.
Por su parte, el concejal Juan Carlos Palacio calificó de antipopular la iniciativa de crear una “tasa de seguridad” por parte de los secretarios, sin embargo, vio con buenos ojos el recaudo de $42 mil millones.
El debate continúa mientras la ciudadanía espera respuestas concretas sobre cómo se equilibrará la necesidad de seguridad pública con la equidad en la distribución de cargas fiscales entre los ciudadanos de Santa Marta.
