En un revelador giro, la congresista Carolina Giraldo Botero, representante por Risaralda, presentará una denuncia ante la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, que sacude los cimientos de la política y los contratos públicos en Colombia.
La acusación señala directamente al Clan del Golfo como la fuerza detrás de la empresa de ingeniería Proicom S.A.S., que ha obtenido contratos multimillonarios en ocho departamentos del país.
Según la denuncia, los socios principales de Proicom, Hipólito Mendoza Zea y César Augusto Rincón González, están vinculados con el Clan del Golfo y enfrentan acusaciones previas por lavado de activos y testaferrato. Hipólito Mendoza, además, ha sido identificado como titular de una impresionante cantidad de bienes, valorados en más de 250.000 millones de pesos.
La preocupación se intensifica al descubrir que estos individuos no solo manejan una vasta red de activos, sino que también han incursionado en la esfera política y legislativa del país. Mendoza Zea ha sido parte de la Unidad de Trabajo Legislativo de Cristóbal Rodríguez Hernández, mientras que César Augusto Rincón González ha sido relacionado con figuras clave como John Freddy Zapata Garzón y John Henry González Herrera, conocidos por sus nexos con el crimen organizado.
Los contratos otorgados a Proicom S.A.S. ascienden a la cifra preocupante de 22.000 millones de pesos, abarcando proyectos en múltiples municipios y departamentos, incluyendo Chocó, Caldas, Risaralda, Antioquia, Guainía, Caquetá, Tolima y Arauca. Incluso se menciona su participación en la instalación de sistemas de alumbrado en Cauca y Risaralda, a través de empresas asociadas.
Carolina Giraldo enfatiza que esta denuncia busca exponer cómo estructuras criminales se benefician del erario público, desviando recursos que deberían destinarse al bienestar común hacia actividades ilícitas que perpetúan la inseguridad y la corrupción en el país.
El impacto de estas revelaciones podría tener repercusiones profundas en el panorama político y legal de Colombia, subrayando la urgencia de investigaciones exhaustivas y medidas contundentes para salvaguardar los intereses públicos y la transparencia en la contratación estatal.
