En medio de un conflicto creciente, la Oficina de Control y Espacio Público de Barranquilla ha desencadenado críticas y denuncias por desalojar la segunda playa de Puerto Mocho sin orden judicial previa. La intervención, supuestamente respaldada por la Alcaldía, ha llevado al retiro de kioscos pertenecientes a caseteros locales, todo ello sin el consenso de los residentes afectados.
Los afectados, que incluyen pescadores y caseteros, han expresado su indignación y preocupación por la falta de diálogo y la presunta violencia institucional ejercida por las autoridades locales. Según testimonios recogidos en el lugar, los vehículos de la Oficina de Espacio Público fueron utilizados para desmontar las construcciones, sin mostrar una orden judicial válida que respaldara sus acciones.
«Están desmontando los kioscos sin ninguna orden previa, están procediendo desde su posición dominante como distrito sin haber hecho presencia aquí en más de 50 años», denunció uno de los afectados, subrayando la falta de legitimidad en las acciones emprendidas por las autoridades municipales.
Además, se destacó que la intervención ha provocado el cierre de vías y restricciones al ingreso de vehículos, lo que afecta directamente la actividad económica de los caseteros y pescadores, quienes dependen de la afluencia de visitantes para su sustento diario.
«No hay una decisión judicial que respalde este desalojo. Los caseteros y pescadores cuentan con el respaldo de la confianza legítima, tal como lo establecen sentencias de la Corte Constitucional», agregó otro residente, refiriéndose a los derechos adquiridos por los afectados.
La situación ha llevado a un clima de tensión en la zona, con llamados a la Alcaldía de Barranquilla para que reconsidere sus acciones y entable un diálogo efectivo con la comunidad afectada antes de continuar con las medidas de desalojo.
Las organizaciones locales han empezado a movilizarse y preparan acciones de protesta para exigir el respeto a los derechos de los ciudadanos y la protección de los espacios comunitarios frente a las decisiones unilaterales de las autoridades municipales.
Hasta el momento, la Alcaldía de Barranquilla no ha emitido una respuesta formal a las acusaciones de violencia institucional y falta de procedimientos legales adecuados en el desalojo de la segunda playa de Puerto Mocho.
