En medio de la creciente preocupación por los costos eléctricos en la región Caribe, el compromiso del presidente Gustavo Petro de garantizar que el gobierno asuma el pago de la opción tarifaria para todos los usuarios ha generado expectativas y críticas. Esto surge tras la derogación exigida de la Resolución CREG 101 028 de 2023, la cual incrementó significativamente las tarifas eléctricas.
La promesa de Petro durante su visita a Barranquilla a principios de mayo de este año fue clara: el gobierno destinará 5 billones de pesos para reducir las tarifas eléctricas, beneficiando principalmente a los estratos 1, 2 y 3. Sin embargo, esta declaración no abordó las preocupaciones de la clase media y las pequeñas y medianas empresas, quienes temen quedar excluidos de las rebajas.
La situación se intensificó luego de la visita del presidente de FINDETER la semana pasada, quien indicó que las rebajas propuestas no alcanzarían a todos los sectores, dejando insatisfechas a amplias franjas de la población. Omar Prías, director de la CREC, añadió incertidumbre al afirmar que las rebajas podrían demorarse, mientras nuevas alzas tarifarias se anticipan, exacerbando las tensiones y frustraciones de los usuarios.
Este panorama ha provocado una respuesta contundente por parte de las organizaciones de usuarios del Caribe, que ya están planeando nuevas manifestaciones para exigir tarifas eléctricas justas y asequibles. La historia reciente, con promesas incumplidas y regulaciones contradictorias, ha alimentado el descontento y la necesidad de una solución urgente y equitativa para todos los afectados.
Ante esta situación, los usuarios de la región Caribe esperan que las autoridades cumplan con el compromiso asumido por el presidente Petro y actúen rápidamente para aliviar la carga económica que representa el servicio eléctrico.
