Integrantes de subestructura ilegal Nicolás Antonio Urango Reyes enfrentan cargos por extorsión a comerciantes y ganaderos.
La Fiscalía Especializada del Gaula en Bolívar ha llevado a cabo la judicialización de 14 presuntos miembros de la subestructura ilegal Nicolás Antonio Urango Reyes, asociada al grupo delincuencial conocido como el ‘Clan del Golfo’, por su supuesta participación en actividades de extorsión en diversas localidades del departamento.
Según las investigaciones, estos individuos habrían estado involucrados en exigencias extorsivas dirigidas a comerciantes, ganaderos, palmicultores y contratistas en los municipios de San Estanislao, Arjona, Villanueva, Mahates y Calamar (Bolívar). Las víctimas eran presionadas para pagar cuotas mensuales que oscilaban entre 10.000 y 15.000 pesos por cada animal en fincas ganaderas, así como sumas que variaban entre 400.000 y 3 millones de pesos para los palmicultores, dependiendo del tamaño de sus cultivos.
Además, el grupo criminal exigía el 10% del valor de contratos de obras de construcción y cuotas extorsivas adaptadas a diferentes establecimientos comerciales según el tipo de negocio afectado.
Durante ocho diligencias de allanamiento realizadas por el Gaula de la Policía Nacional en Arjona y Mahates, fueron capturados varios presuntos integrantes clave como Rafael Enrique Mariote Rojano, alias «El Hombre»; Andreína Castilla Martínez, alias «Andreína»; Ramón de Jesús Watts Utria, alias «Ramoncito»; y otros individuos identificados como Jhon Jairo Orozco Pérez, alias «JJ»; Miguel Ángel Herrera Bayuelo, alias «El Negro» o «Migue»; Óscar Enrique Soto Torres, alias «Príncipe»; y Jansi Viloria Ramos, alias «Vanessa».
Además, están involucrados en el proceso judicial Darwin Parra Castilla, alias «Jamer»; Wilmar Fernando López Oyola, alias «JP»; William Enrique Ladeuz Ariza, alias «Peter» o «Manuel»; Kennide Beltrán Agames, alias «Bili»; José Rafael Vega Caraballo, alias «Rey»; Hernando Enrrique Sarmiento Fontalvo, alias «Nano»; y Milton Alfonso Niño Garcerant, alias «Tom» o «Barba». Algunos de estos individuos ya estaban privados de la libertad por otros delitos.
Durante los operativos, las autoridades también lograron la incautación de un arma de fuego y varios equipos móviles como parte de las pruebas recopiladas en el caso.
Los acusados enfrentan cargos por delitos como concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego, cargos que no han sido reconocidos por los implicados.
En decisión judicial, 13 de los involucrados cumplirán medidas de aseguramiento en centros carcelarios, mientras que «Vanessa» permanecerá bajo detención domiciliaria en su residencia habitual.
La Fiscalía General de la Nación continúa con las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y asegurar que todos los responsables sean llevados ante la justicia.
